Opinión

Salud, equidad y género

En el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer (llevado a cabo en Costa Rica en 1987), las integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos decidieron designar el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

Se escogió esta fecha para abordar las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres y que siguen vigentes aún en nuestros días, una de ellas es la mortalidad materna, en el que un retraso de apenas unas horas puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte.  En 1988 se conmemoró por primera vez este día con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud.

El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud señala: “el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar”. También continuará impulsando en este marco, la plena vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos, en tanto avanzan en la conceptualización del espacio corporal como un territorio de autonomía y libertad de opciones.

Pero la realidad es que eso no ocurre para millones de mujeres, especialmente en las más pobres y las más jóvenes, para mujeres que aman a otras mujeres, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan zonas rurales o urbano marginales, para mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de los derechos humanos consagrados, en especial, del derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos.

Por otro lado, las muertes a causa de la gestación continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida. Entonces la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene como propósito el bienestar de todas y todos, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana.

Entonces siendo la sexualidad una condición inherente a todos los seres humanos, esta se constituye en un derecho cuyo disfrute debe ser garantizado por todas las sociedades. Por lo tanto, no podemos dejar de lado estos derechos en los adolescentes, los cuales fueron ubicados en la agenda internacional desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994.

El Plan de Acción resultante reconoce y aboga “para que los países del mundo den respuestas adecuadas a las necesidades específicas de adolescentes y jóvenes frente a las dimensiones de la sexualidad y la reproducción, abordándolas desde la perspectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y no solo desde el riesgo o la enfermedad. Y aún más allá del terreno de la salud sexual y reproductiva, la concepción de la sexualidad es entendida como una dimensión del desarrollo y bienestar de los y las adolescentes, que se nutre del entorno personal, familiar, social y cultural, a la vez que influye sobre él y lo transforma”. Por su parte, la Conferencia del Milenio, celebrada en el año 2000, sitúa a la salud sexual y reproductiva como uno de los grandes retos de la humanidad, y como un indicador del desarrollo de los países.

A partir de este marco internacional, promover la salud sexual y reproductiva es imperioso para el desarrollo de los individuos y las sociedades, lo mismo que el derecho a la educación sexual integral como parte de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son reconocidos por Colombia a través de diversos instrumentos normativos, incluyendo la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

En Colombia contamos con El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), la cual es una política del Ministerio de Educación Nacional, que se diseñó en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El propósito es el de contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.

En este sentido, educar o no para la sexualidad no es una elección, pues siempre estamos educando para la sexualidad, desde la escuela, la familia y el resto de las instituciones y espacios sociales, de manera consciente o inconsciente, explícita o implícita, adecuada y positiva, o inadecuada y negativa. Por ello, la decisión que nos corresponde es educar adecuadamente para una vivencia de la sexualidad sana, responsable, informada y constructiva.

Beatriz Clemencia Ramírez David

Referencias:

1-. Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos – Ministerio de Salud y Protección Social - Colombia

2-. Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), la cual es una política del Ministerio de Educación Nacional,

3-. Fondo de Población de Naciones Unidas

4-. Profamilia