Opinión

Gerencia pública con sensibilidad social

Si hay una labor que implica un alto compromiso político, social, económico, cultural, jurídico y administrativo, es la gerencia pública, la cual, sobre todo cuando se trata de los países y sus entidades territoriales, requiere que quien la ejerza posea una formación humana y profesional adecuada al escenario de lo público, una buena dosis de pragmatismo y estructura técnica, pero en especial, un conocimiento, al menos básico, de la realidad social, política y administrativa del espacio que se tiene a cargo. Es más que evidente que un administrador politiquero poco le aporta -para no decir que nada- al cumplimiento de los fines del Estado. No hablo de que nuestros gerentes sean unos robots, todo lo contrario, han de ser seres perceptibles de la realidad, alejados del populismo gerencial y del agite mediático insustancial.

Bajo mi criterio, al interior del aparato estatal colombiano hay un tema que aún no se ha comprendido cabalmente y es la importancia del progreso social. En la actualidad, asiduamente los encargados del manejo de las finanzas públicas, gobernadores y alcaldes, por ejemplo, ignoran la normativa constitucional que preceptúa el carácter prioritario del gasto social sobre otra especie de gastos, dirigiendo la inversión pública hacia otros marcos accesorios sin antes agotar el universo de lo elemental. En virtud de ello, propongo, parafraseando al extinto prócer conservador Álvaro Gómez Hurtado, a que hagamos un “acuerdo sobre lo fundamental”, específicamente, en temas como la estructuración de Planes de Desarrollo, el presupuesto y el gasto público social. Resulta un absurdo que llenemos nuestros territorios de parques, escenarios deportivos, sitios turísticos y demás, sin antes solventar las necesidades básicas insatisfechas latentes; trabajar en componentes accesorios como los mencionados no está mal, sería ridículo y anticuado catalogarlos así, lo que sí no es correcto es que el gasto público social marche a paso moroso mientras que las demás partidas avanzan de forma activa y quizá desproporcionada respecto a los temas primarios. No tiene nada de congruente, por ejemplo, que en un municipio o en un corregimiento haya parques, canchas de fútbol, gimnasios biosaludables, entre otros puntos, pero no haya acueducto, alcantarillado, puesto de salud e instituciones educativas. Es aquí donde debe operar la premisa de “Primero lo primero”, en un primer rango las necesidades básicas y vitales para el desarrollo humano, luego sí bienvenido lo accesorio, lo cual entra a jugar un papel armonizador y complementario en la vida de los ciudadanos.

El panorama políticoadministrativo actual, sobre todo en los países de América Latina, está demandando gerentes sociales que se constituyen en pieza fundamental para ir escalando en la montaña del subdesarrollo en miras de superar y minimizar las recesiones que implican los altos niveles de este fenómeno. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los índices que marcan la mejoría en la calidad de vida de los nacionales se nutren con las gestiones tanto públicas como privadas que garanticen unos requerimientos de índole mínima como la salud, la educación, el agua potable, la vivienda, el saneamiento básico, entre otros, de los cuales en la mayoría de los casos carecen las comunidades y sectores menos favorecidos, por eso es hacia allá donde debe estar dirigido el accionar de la gestión pública de forma preferente, así lo advierten nuestras condiciones actuales en la asignatura del progreso social, el cual se fomenta desde la administración y las finanzas públicas, como también, si se quiere, desde lo privado.

Recientemente, ‘Social Progress Imperative’, una ONG que compila información estadística con el significativo propósito de estudiar y analizar cómo avanza el progreso social en los países, adelantó un estudio sobre la materia, en donde el índice de progreso social 2017 estuvo estructurado alrededor de 12 componentes y 50 indicadores distintos, tal como lo indica Miguel Celis García en su análisis “La cogera del progreso social” publicado en Portafolio. En dicho estudio los países se encuentran posicionados en un rango de 25 a 100, calificación que está divida en: muy bajo, bajo, medio bajo, medio alto, alto y muy alto. Colombia se encuentra en la categoría de medio alto con un puntaje entre 77 y 67 marcando 71 y ocupando el puesto 48 dentro de los 128 países por encima de países de Centro América y Euro – Asia, pero por debajo de países latinoamericanos como Chile (25), Costa Rica (28) y Uruguay (31). Según los expertos en la materia, Colombia muestra un comportamiento aceptable en la materia, lo que indica que hay bastante trabajo y compromiso por delante, sobre todo por los tres indicadores en que se basa la evaluación hecha por ‘Social Progress Imperative’: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, lo cual insta a mirar más allá de las mediciones del PIB, como lo indica Valentina Mugno del Diario La República en la nota: “Colombia está entre los primeros 50 países del Índice de Progreso Social”.

En el caso de Colombia y sus regiones, para lograr los objetivos planteados en la dogmática constitucional en lo que a progreso social respecta, indiscutiblemente debe existir una sinergia entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, simetría que se logra estructurando los planes de desarrollo con altos matices sociales, con apego a la imperativa constitucional, como se dijo anteriormente, de la condición prioritaria que tiene el gasto de connotación social frente a otro tipo de gastos, esto en el plano administrativo, porque en el plano político y democrático resulta imperioso que la ciudadanía, en ejercicio de sus facultades electorales, sea capaz de identificar el capital humano idóneo para llevar las riendas de la Nación, los departamentos, distritos y municipios, que tenga vocación y entendimiento de servicio, interés por el núcleo social de la administración pública y que conciba el acuerdo sobre lo fundamental aquí planteado o cualquier otra idea que se asemeje.

Las administraciones, las entidades estatales, los actores políticos, el sector privado y la ciudadanía en general tienen la tarea de fomentar el giro hacia unas nuevas, prácticas y razonables formas de gestión pública. Los presupuestos están dados y, sin duda, la demanda está sobre la mesa: ‘Gerencia pública con sensibilidad social’.

Camilo Andrés Pinto Moron

@camilopintom