Opinión
El costo de la informalidad
Un gran reto tienen los candidatos a alcaldías y gobernaciones en las próximas elecciones para disminuir el grado de informalidad en nuestra región; las cifras en Valledupar son contundentes, según la Cámara de Comercio, la informalidad empresarial llega al 55 %, y la laboral al 64%. Esto se traduce en una baja productividad y en unos deficientes ingresos fiscales, como quiera que pocas empresas y pocas personas pagan impuestos y declaran renta.
La informalidad tiene que ver con aquellas actividades económicas, en las cuales tanto las personas directamente involucradas, como la sociedad en su conjunto, están mejor si la ley aplicada al caso es violada más que si es cumplida, es decir, en las actividades informales las cosas funcionan si la ley en vez de cumplirse se viola.
La informalidad es consecuencia de una estructura institucional ineficiente, porque el costo de cumplir la ley excede al beneficio, se cumple con la ley cuando se obtiene algún rédito. Las personas se comportan racionalmente, solo cuando entienden que va a mejorar su situación, obedecen la ley, de lo contrario no lo hacen; se desplazan entonces del mercado formal al informal, invadiendo las calles, porque no somos iguales ante la ley, y ésta ha sido utilizada para separar a los pobres del acceso a los mercados, y estos han reivindicado en las calles el derecho a la propiedad privada. El alto costo de la legalidad socava el estado de derecho, quitándole legitimidad y favoreciendo las actividades informales.
De otro lado, el costo del Derecho no es igual para todos, sí el costo es la oportunidad sacrificada para hacer algo, cumplir la ley le cuesta más al que tiene menos, el pobre sacrifica más de lo que tiene para cumplir la ley; en el Análisis Económico del Derecho, se dice que el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso.
Entonces no se necesitan medidas que asfixien más a los informales, como disminuir el efectivo incentivando el uso del dinero electrónico, beneficiando claramente al sector bancario, y disminuyendo la capacidad de acción de los informales como propone el reconocido economista exdirector de Planeación Nacional Armando Montenegro. Lo que se necesita es reducir el nivel de los costos de la legalidad, haciendo más fácil y diligente el cumplimiento de la ley. Los regímenes de excepción, las normas de privilegio, las tasas diferenciadas lo que producen es informalidad.
Que el artesano tenga las mismas posibilidades de formalizarse que el gran empresario, que el vendedor ambulante y el tendero no sean apabullados por las cadenas mayoristas, que disminuyan los trámites para formar empresas, estimulará la disminución de la informalidad.
Paradójicamente se debe tener en cuenta que la informalidad es un vehículo fundamental para promover la capacidad empresarial, la imaginación y la creatividad de los sectores marginados; no se puede negar que tiene deficiencias: la indefinición de los derechos de propiedad, la falta de registros, la no protección de los contratos, la escasa fiscalidad, pero no se puede negar que es la gran escuela empresarial de los menos favorecidos y de la cual han salido emprendimientos que han dado progreso y desarrollo al país.
Queda pues sentada esa gran apuesta para los nuevos gobernantes, porque se entiende que a los actuales les queda poco margen de maniobra; o impulsan su gestión a favor de la disminución de los costos de la legalidad, o la informalidad será un gran monstruo difícil de derrotar en los próximos cuatro años.
Julio Franco Orozco
@Jafrancoz1
