Opinión

Criterios para la corrupción

Siempre que se habla de corrupción, se hace referencia a las acciones que han sido prohibidas por la ley o socialmente señaladas como una práctica que lesiona a todos; sea lo uno o lo otro, esta problemática ha sido la tragedia de la sociedad colombiana desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. De tal forma, que su activa práctica pasa de ser un hábito personal a una costumbre social, a la cual, lamentablemente, nos hemos acostumbrado. Es por eso que se hace necesario observar los criterios que fundan este proceder dañino y cómo la política ha sido el banderín de muchos que, para vergüenza nuestra, provienen de las llamadas “familias de bien”.

Hoy por hoy, la corrupción ha permeado los más altos niveles de la sociedad, pues, vemos en líos judiciales a cientos de ciudadanos que, en ejercicio de sus funciones públicas como funcionarios del Estado, han violentado normas, legales y sociales, sin percibirse en ellos asombro alguno por esa costumbre que corroe el espíritu de la sociedad, haciendo trizas las razones del acuerdo social que los contractualitas más avezados han propuesto. Ejemplo de ello son aquellos personajes de nuestra región, la costa caribe y en especial el Cesar, que, como Honorables Senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, concejales, entre otros, encabezan la lista de investigados, condenados o en procesos que están teñidos de corrupción.

Al respecto, desde una visión más amplia, Colombia ha sido calificada a nivel internacional como un país corrupto, donde sus ciudadanos de a píe, resultan ser las víctimas número uno, pues, ya por el contrabando, el narcotráfico y lo vivido en materia política, se nos observa como sujetos sociales proclives a violentar la ley y, por ende, a ser corruptos. Esto, como consecuencia de realidades históricas que están ligadas a la ausencia del Estado y las formas en que el poder público desde lo político, incluso jurídico, han sido cooptados por las élites de nuestra sociedad, quienes sustentan con su brazo económico el aparato político del país.

Es así, que, todo el que invierte, quiere obtener las ganancias de su inversión, las cuales se muestran en contratos o la carga de una burocracia negativa, así como estratégicas maneras de lograr que el erario nacional pase a ser manejado por sus secuaces. Miremos el caso de los diferentes carteles: el de la Toga, el de los medicamentos, el de la hemofilia, el de las ambulancias, el de la contratación, los que han sustentados a las autodefensas, los “falsos positivos”, el cartel de tierras, entre cientos más. Pero cabe preguntarse, ¿quiénes son los que han organizado y fraguado esta colcha de males? ¿Es un asunto que apenas surge o reviste una trágica historia familiar de corruptos?

Sin duda, no es el tendero, ni el docente de vereda, ni el policía de la esquina, ¡no! Esto proviene de esos que han logrado el poder del Estado desde el poder de sus economías, que, por cierto, algunas son de oscura procedencia. De ahí, es que se desprenda el título de este artículo, el cual busca mostrar que nuestra sociedad ha sido cómplice silenciosa de este flagelo, el cual no solo ha generado costos económicos a la nación, morales y éticos, también, vidas humanas. Sin embargo, esta escala de corrupción, también, toca al ciudadano en su cotidianidad, muy fuertemente, reflejada, en su toma de decisión a la hora de elegir. Pues, la compra de consciencia no es sólo el perder un (1) voto, también, se pierde autoridad moral y se compromete el futuro de nuestras siguientes generaciones.

Pero, en este orden, ¿de qué manera el Cesar y el municipio de Chiriguaná han venido a estar implicados en este mal? Nuestras “familias de bien” no han sido el ejemplo más adecuado para sus conciudadanos. Aunque hay, sin duda, otro número de familias, muy correctas, las formas sociales de crear el círculo del poder para mantenerlo, reduce las posibilidades. Una buena forma de explicar este hecho, es el concepto de “redes familiares” como una categoría histórica que se dio desde la organización de la colonia y, permanece, aún. Entre las familias de poder económico, se generaban relaciones sociales, vínculos afectivos, matrimonios, de tal suerte, que se acrecentaban dichas familias y quien estaba posesionado del poder del Estado ubicaba a los suyos en diferentes cargos convenientes a los intereses de estas familias, con el fin de protegerse, blindándose entre éstos.

A buen ojo de cubero, ese mismo sistema de “redes familiares”, se ha mantenido en el tiempo y está presente en el Cesar, de tal forma, que hay una especie de contubernio socio-familiar, destinado a encubrirse entre sí, con el fin de evadir la justicia. A esto ¿cómo hemos de llamarlo? Corrupción, sí, toda una serie de criterios propios de este fenómeno que genera un perfil criminal en sentido amplio y sus resultados afectan a la población, mientras que éstos, disfrutan de su botín.

Haciendo observancia de ello, se hace necesario comprender que el ciudadano de bien, quien desde su cotidianidad cuestiona su realidad, tiene un poder democrático que puede-cambiar esta retorcida historia de corrupción y tragedia social, pues, a la sazón, hoy día, desde lo político hay un gran espectro de opciones que pueden iniciar el proceso de transformación que la región necesita. Esa manera cierta de lograr un renuevo es cambiar la dirección tradicional del sufragio, es decir, si ya sabemos cómo funciona la maquinaria politiquera y sus patéticas prácticas delictivas de obtener sus logros, decidamos de forma diferente, escuchemos a nuestras juventudes, quienes se han venido preparando con tesón, disciplina y conocimiento para conducir a mejores condiciones no solo la comunidad actual, también, hacer camino para las próximas generaciones y garantizar un desarrollo integral que implique calidad de vida y oportunidades para un mejor vivir.

Por otro lado, se hace imposible de creer, que una región con una vasta riqueza: natural, regalías, entre otras, esté sumergida en una negación de desarrollo, por ejemplo, el campo y su abandono, el no cumplimiento coherente e institucional de los planes locales de desarrollo, etc., teniendo la administración departamental, municipal y nacional, recursos destinados para la inversión social, en sentido productivo y creciente. No se pretende que lo que ha permanecido en el tiempo y ha corrompido la moral pública sea subsanado de manera inmediata, pero lo que sí se puede lograr es un proceso serio y honesto, de conformidad con la ley, donde estas nuevas generaciones nacidas del pueblo y preparadas para ejercer el cargo público, hagan camino y muestren que, sí, se pueden hacer las cosas sin las perversiones de esas “familias de bien”, que han llevado al fracaso y el no-desarrollo a la región del Cesar.

Jhon J. Flórez Jiménez