Opinión

Los usufructuarios de la corrupción

Está ampliamente demostrado, y esto lo conoce todo el mundo, que los directos beneficiarios de la implacable corrupción administrativa, que viene azotando al país en los últimos treinta años, son nada más y nada menos que los “ilustres dirigentes de los altos organismos de control”. Y me refiero directamente a los fiscales, los contralores y los procuradores, sea cual fuere el rango que ellos representen dentro de sus entidades. Generalmente, a los bolsillos de estos personajes van parar, sin ningún escrúpulo, gran parte de las inmensas cantidades que se roban, en primer lugar, muchos alcaldes y gobernadores, diputados y concejales, quienes se amparan con la bandera de que fueron elegidos popularmente, y,  en segundo lugar, muchos  rectores de universidades, directores de institutos descentralizados, ministros y viceministros,  y, en fin, todos aquellos prebendados, que por influencias y clásico clientelismo, tienen el privilegio de apoltronarse en las oficinas de los altos cargos y manejar a su antojo los recursos del Estado.

Así es: mientras estos timadores andan desesperados por ocultar, o más bien conjurar, las investigaciones que les libran los entes fiscalizadores, no les queda más alternativa que sacar gran parte de la “platica” robada y entregársela a estos oportunistas, para que los procesos se engaveten, se dilaten en los vericuetos jurídicos o tomen un curso diferente. Debido a esto, hoy se tornan incontables los recaudos sumariales que, por estar traspapelados, han perdido validez por vencimiento del término establecido para fallar, también, los que se han extraviado de los escritorios y vitrinas de los despachos judiciales o los que han tenido una culminación, a la luz de la opinión nacional, visiblemente acomodada. Y si existen en Colombia funcionarios de los organismos de control, que presentan una conducta proba y jamás han sido vulnerados con las mieles de la corrupción, éstos se podrían contar con los dedos de las manos. Lo mismo podríamos afirmar sobre los egregios representantes de la administración pública, elegidos popularmente.

Raros son los días en que no nos enteramos, a través de los medios televisivos o de la gran prensa capitalina o regional, de los grandes escándalos de corrupción que vienen maquinando muchos dirigentes estatales a lo largo y ancho del país. También creo que, en estos momentos, son raros los municipios y departamentos que no han sido víctimas de los saqueos orquestados por sus mandatarios. Y, asimismo, nos informamos de los pliegos de cargos y procesos investigativos que les abren los citados “organismos de control”. Sobre este particular, estoy seguro de que ya todos los colombianos recitamos ad pedem litterae lista de delitos que se les imputan a estos delincuentes: “falsedad en documentos públicos”, “celebración indebida de contrato”, “concierto para delinquir”, “pago de contratos ficticios”, “cancelación de nóminas paralelas”, beneficio en favor de terceros”, “lavado de activos”, prevaricato por acción o por omisión” y  muchos otros similares, inventados por la justicia,  que adornan las páginas del código penal.

Sobre este particular, hemos tenido conocimiento de algunos alcaldes y funcionarios de otras entidades, que cínicamente sacaron cantidades millonarias de su administración y hoy se encuentran en el físico asfalto: pidiendo dinero a los amigos o implorando chambas de quinta categoría. Toda la fortuna que obtuvieron de su organizada corruptela fue a parar a las manos de las “comisiones investigadoras” que los asediaron, sobre todo, las que vinieron de la Capital de la República. Porque, esta es la lección que muy a menudo oímos divulgar: “Hay una comisión de la Fiscalía, de la Procuraduría o de la Contraloría que llegó de Bogotá”. Pero, lo curioso es que los ladinos y remilgosos personajes bogotanos, que integran estas comisiones, cuando viajan a la Costa, en lugar de venir en pos de cumplir sus misiones oficiales, llegan más bien orientados por gozar de una enjundiosa parranda o disfrutar de las playas caribeñas. Entonces, en un buen club o en unas cómodas cabañas playeras, culminan las rimbombantes y ficticias investigaciones.

A propósito, esta es la situación que estamos viviendo actualmente con la conduerma del Coronavirus, y nadie puede negar que la llegada de esta pandemia al país les cayó de perlas a los alcaldes y gobernadores. Porque, mientras estos funcionarios se encontraban, junto con sus recuas de asesores, sacando las cuentas y haciendo los cálculos para comenzar a robarle al Estado y darle inicio a la corrupción que esconden entre ceja y ceja, el Coronavirus llegó a salvarles la situación y a facilitarles las condiciones para captar el dinero y comenzar a saldar las deudas millonarias que contrajeron para coronar la compra de votos en las elecciones del pasado mes de octubre. Esta es una costumbre “pandémica” que estos delincuentes vienen protagonizando desde 1988, cuando se iniciaron las elecciones populares de alcaldes y cuatro años más tarde, la de gobernadores. Un vicio que contrasta totalmente con la intención que tuvo el doctor Alvaro Gómez Hurtado, uno de los defensores de las elecciones de estos cargos.    

Como es de suponerse, en muchas ciudades y municipios, grandes y pequeños, ya los acreedores y “padrinos electorales” están exigiéndoles a sus pupilos el pago de las deudas y compromisos adquiridos. Entonces, podemos afirmar, con absoluta certeza, que apenas el virus llegó a Colombia, a estos burócratas se les iluminó el corazón y se firmó “el contrato de un robo anunciado”. Según un informe publicado recientemente por EL TIEMPO, entre el 10 de marzo y el 10 de abril, se habían firmado 5.200 contratos relacionados con el Covid-19, y 37. 932 contratos de otro tipo. Asimismo, decía la información que en los contratos por el Coronavirus aparecieron “sobrecostos hasta del 71% en compras de camas, tapabocas o comida”. A raíz de esto, en la Fiscalía cursan más de veinticinco denuncias, la Procuraduría lleva diez investigaciones en ocho departamentos y la Contraloría encontró sobrecostos de alimentos en doce municipios. Pero, como siempre sucede, dentro de poco, estas investigaciones pasarán al cuarto de San Alejo.

Y lo más risible y curioso de estos contratos son las perlitas que se han encontrado en los sobrecostos de varios artículos de la canasta familiar.  En Arauca, por ejemplo, se facturaron latas de atún a 19.000 pesos y bolsas de leche a 13.000. En Barrancabermeja, se canceló la libra de lenteja a 4.000 y las latas de sardina a 15.000. En Coveñas la feria empezó con el pago del kilo de arroz a 8.000. En Acacías, la lenteja y el fríjol se cancelaron con un 5l% superior a su valor.  En Cesar aparecieron sobrecostos de más del 50% en 29 contratos que se firmaron sin el lleno de los requisitos. En Sincelejo se cancelaron kits de alimentos a 150.000 pesos, cuyos costos reales en el mercado eran de 118.000. Asimismo, en Medellín, en San Antonio, Tolima, en Ocaña, en la Unión, Valle, en Casanare se pagaron camas hospitalarias a 11 millones de pesos, cuyo valor real en el mercado es de 8.4 millones. Como podemos observar, esto es una verdadera “pandemia” de sobrecostos que está enriqueciendo los bolsillos de los administradores.

Por estos motivos, el prurito de la corrupción es y seguirá siendo un cáncer persistente y de nunca acabar en Colombia. Y el pobre presidente Duque, que hace dos años se rasgaba las vestiduras y prometió al país combatir este cáncer por completo, hoy se encuentra maniatado y desde su fastuoso cantón se amordaza y llora su fracaso, ante la imposibilidad de conseguirlo. Y no puede lograrlo, porque para ello, inicialmente, habría que depurar todo el clientelismo y la desaforada ambición que perviven entronizados en los organismos de control. Además, para hacer esto, sería necesario rectificar los procesos de escogencia de estos funcionarios. Como vemos, toda esta situación crítica que mancilla el buen nombre de Colombia, nos da fundamento para afirmar que, así como hablamos del “cartel de las togas”, “cartel de la gasolina”, “cartel de la salud”, etc., también podemos referirnos normalmente al “Cartel de la Fiscalía”, “Cartel de la Procuraduría” o “Cartel de la Contraloría”. Esto, porque, a fin de cuentas, ellos son los verdaderos usufructuarios de la corrupción administrativa”.

Eddie José Daniels García