Opinión

Es el gasto social, ¡estúpido!

La emergencia de salud pública que ha generado el COVID–19 tuvo un surgimiento inesperado, silencioso. Ni las instituciones ni los ciudadanos del mundo estábamos preparados para todo lo que está sucediendo. Hoy la drástica y precoz propagación del virus alrededor de todo el mundo parece imparable y ha cobrado muchas vidas.

Las apariciones sigilosas de las pandemias y los amplios intervalos que ha habido entre las que le ha tocado enfrentar a la humanidad, provocan de cierta forma excesos de confianza por parte de las instituciones públicas, el sector privado y toda la sociedad en general, y que normalmente se exteriorizan con actitudes, acciones y omisiones, muchas veces desenfrenadas, que pasan altas cuentas de cobro.

Por varios periodos constitucionales de alcaldes y gobernadores, en unos más que otros, en el Cesar se ha descuidado de manera discrecional e irresponsable el cubrimiento de demandas básicas como lo pertinente a la red pública de salud en aspectos como: áreas de urgencias; unidades de cuidados intensivos; medicina especializada; talento humano e implementos necesarios para la prestación del servicio en los puestos de salud de las zonas rurales, uno de los segmentos poblacionales más afectados, se podría decir que su crisis es casi que permanente.

Hoy, no dejo la mejor forma, la crisis que enfrentamos nos recuerda la importancia de invertir los recursos que sean necesarios para tener buenos sistemas de salud.

Se ha vacilado, también, en consolidar y/o estabilizar el funcionamiento y la accesibilidad a los sistemas de agua potable y saneamiento básico. Según datos correspondientes al Déficit Habitacional en Colombia (Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – DANE), a través del cual se hace una medición cuantitativa (tipo de vivienda, materiales de las paredes exteriores, cohabitación y hacinamiento no mitigable) y cualitativa (hacinamiento mitigable, material de los pisos, cocina y servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía y recolección de basuras) de las condiciones habitacionales en las que viven los colombianos, el Cesar registra un déficit habitacional general del 55,1% (Media nacional: 36,6%), uno del 13,5% en el nivel cuantitativo (Media nacional: 9,8%) y uno del 41,6% en el escenario cualitativo (Media nacional: 26,8%). Por supuesto, el guarismo más preocupante es el que queda como resultado de la medición cualitativa, donde una de las variables observadas es la dinámica de prestación – carencia de los servicios públicos.

En cuanto a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – DANE), en el Cesar 22,82 de cada 100 personas tiene necesidades de este orden (Promedio nacional: 14,13), y 7,17 de cada 100 están en la miseria (Promedio nacional: 3,74). Pero el panorama es mucho más complejo cuando se entra a revisar el segmento correspondiente a ‘Centros Poblados y Rural Disperso’: la proporción de personas en NBI es de 36,42 de cada 100 personas (Promedio nacional: 30,22); mientras que la condición de miseria tiene un 14,60 de cada 100 personas (Promedio nacional: 10,51). Aquí uno de los componentes que más alarma es el correspondiente a los servicios públicos con un 14,40% de insatisfacción en la materia, cuando el promedio nacional es del 8,78% en centros poblados y rural disperso. La preocupación y decepción que generan estas cifras se traducen en las variables que se toman para generar los índices de NBI: vivienda, servicios sanitarios, educación básica, ingresos mínimos, entre otros, que su adecuada prestación, más para quienes habitan en este tipo de territorios, se traduciría en la tan anhelada estabilización socioeconómica hace rato demandada.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de salud, la educación y el nivel de vida. El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo”. En el Cesar el IPM general para 2018 fue de 33,2% (Promedio Región Caribe: 33,5%), superando con creces el promedio nacional (19,6%). Al igual que en el ámbito de NBI, en los centros poblados y rural disperso (entiéndase corregimientos, veredas, caseríos) padecemos un IPM de 53,5%, lo que no traduce otra cosa que en nuestro departamento la pobreza multidimensional abunda con una sostenibilidad el tiempo.

Los indicadores socioeconómicos anteriores reflejan la penosa realidad del Cesar, un departamento multidimensionalmente pobre en el que poco se ha hecho para iniciar un verdadero proceso de erradicación de este fenómeno social. La escasez de voluntad política que ha reinado en la dirigencia local, su indiferencia, tiene gran parte de la responsabilidad del actual estado socioeconómico de nuestro territorio.

Las instituciones deben acoger la sensibilidad social como principio de gestión y la herramienta clave es el gasto social, que ha sido distorsionado por la desangrante corrupción y el despilfarro de recursos en temas accesorios e inútiles, como darle prelación a la construcción de plazas frente la inmensa necesidad del agua potable.

Crisis como la del COVID–19 imposibilitan aún más el acceso a servicios públicos esenciales. Hay que pensar en lo más importante: la gente. En aquellos usuarios víctimas de la intermitencia y del escenario desolador de la carencia absoluta. Por eso la planificación urbana y regional debe ser racionalizada, coherente con lo que pasa en ese Cesar invisibilizado. Con un gasto social grueso, ecuánime y transparente podremos alcanzar una mejora progresiva de la calidad de vida de los cesarenses, en especial de los segmentos poblaciones de mayor vulnerabilidad. Considero que la respuesta a la decadencia que hoy experimenta el Cesar está en ir cumpliendo las líneas trazadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Si la actual coyuntura no nos hace comprender y reconciliarnos con las verdaderas prioridades del Departamento del Cesar, dudo que otro evento lo logre, seguiremos igual y la situación empeorará. Entendamos que se trata de la vida, que estamos ante un verdadero problema de derechos humanos. Para cerrar, trasladémonos a la campaña presidencial de EEUU en 1992, famosa por el eslogan “Es la economía, ¡estúpido! Adaptémoslo al caso del Cesar: Es el gasto social, ¡estúpido!

Camilo Pinto Morón