Opinión

Zapatero, a sus zapatos

El presidente de Colombia, Iván Duque / Foto: El Tiempo

El pasado martes cuatro de agosto, nuestro país vivió un hecho sin precedentes en la historia contemporánea nacional. Si bien no es la primera vez que una persona que había ocupado el cargo de elección popular más importante se encontraba privado de su libertad, si lo estaba quien más pasiones y odios ha despertado en la convulsionada sociedad colombiana. Por primera vez, luego de infinidad de rumores y procesos que lo vinculaban con personas de dudosa reputación y señalamientos de la comisión de delitos de propia mano, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, fue gravado con medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien le adelanta una investigación por los injustos de fraude procesal y soborno.

La cuestión es sencilla, los integrantes de esa parte del máximo tribunal consideraron que Uribe Vélez podría interferir en el juzgamiento adelantado en su contra, más precisamente en contra de los medios probatorios que se consideraran en el eventual juicio, siendo necesario resguardarlos en este momento de la indagación. La orden contenida en ese auto se ejecutó de forma inmediata debiendo cumplirse en el domicilio del procesado. Con esto se desmitificaba la creencia de que a los poderosos no los toca la Ley.

Otro mensaje rimbombante de esta determinación fue la voz de protesta levantada por la Corte, remembrando su autonomía como rama integrante del poder público, esa que creíamos había cedido a los caprichos políticos del ejecutivo y a los criterios amañados de muchos medios de comunicación pero que el martes retornó devolviendo la esperanza de una administración de justicia ecuánime que brinde protección y seguridad a los integrantes de la sociedad.

Empero, la aceptación de esta medida de aseguramiento por parte de los simpatizantes del senador en ejercicio no fue tan amable como debería esperarse de personas que integran el contexto político e incluso ramas del poder público, que deben propender por el respeto irrestricto a la institucionalidad colombiana.

Como ciudadano, me parece lamentable las actitudes que fueron adoptadas por parte de la bancada del Centro Democrático en el congreso, quienes llamaron a la desobediencia civil, a una constituyente y hasta la activación de las reservas militares en aras de contrarrestar el accionar del aparato jurisdiccional estatal por causa de la limitación de la locomoción de este famoso personaje de la vida política nacional.

Como abogado, me parece aún más aberrante el llamado al desconocimiento de la institucionalidad que se hace por parte de los integrantes del partido de gobierno y sus adeptos. Este tipo de actos raya con una postura revanchista y dictatorial en contra de las circunstancias que no les son favorables a sus intereses políticos alegando sentirse amenazados y perseguidos cuando se les recuerda que no son los controladores de todos los estamentos públicos del país ni que tampoco gozan de un absolutismo para mandar a sus anchas por encima de preceptos fundantes del Estado, mismo que descansa sobre una conformación democrática.

Resulta inconveniente para un primer mandatario, la postura de defensor público adoptada por el Presidente Iván Duque Márquez en una rueda de prensa oficial para abogar desenfrenadamente por su amigo entrañable y nuevo mentor político apelando a la honorabilidad que le asistía al procesado.

Nadie cuestiona en estas líneas si el senador Uribe Vélez es una persona honorable o no, pero si queda muy mal presentado que el Jefe de Estado salga a rendir declaraciones, y lo peor, a cuestionar las actuaciones de un órgano que se encuentra a su mismo nivel en la escala de ubicación del poder público. Recuérdese que la Corte Suprema es el máximo estamento de la justicia ordinaria, por lo tanto, es la cabeza de la rama judicial del poder público y goza de plena autonomía en sus decisiones, mismas que deben ser acatadas y respetadas sin que le sea dable al presidente emitir juicios de valor amparado en pasiones y apreciaciones subjetivas, tal como ocurrió en estos eventos.

Para nadie ha sido un secreto que una de las piedras en el zapato para las finalidades del partido de gobierno constituye la administración de justicia. Por lo anterior, han buscado que se reforme la estructura de los órganos de cierre y han permeado con manejos políticos varios de los niveles de esta. No obstante, ello no es óbice para que sus integrantes sean respetuosos de la autonomía jurisdiccional y no pretendan incendiar el país con luchas que le son ajenas al común de las personas, emprendiendo campañas de desprestigio a través de artificios poco éticos, señalando con el dedo la función de los magistrados que integran el máximo órgano judicial estatal.

Este tipo de reacciones, hacen pensar que se pretende instaurar un incipiente sistema monárquico en el cual se elimine el concepto de Estado de Derecho y recobremos la oscura época del poder absoluto del monarca como gobernante anquilosado al mandato, detentando todas las facultades estatales.

Con tamaño irrespeto a la institucionalidad por parte del señor presidente, se deja en entredicho el concepto de democracia y de tripartición del poder instaurado con el pensamiento de Montesquieu, se pasa por encima de las potestades propias de una rama independiente, anteponiéndose apreciaciones personales de un mandatario que habló bajo la errada posición de creer que es un ciudadano más del común.

El hecho de considerar si Uribe ha sido el mejor presidente de la historia o el patriota más grande que ha parido esta tierra (planteamiento que no comparto), no lo exime del hecho de poder ser investigado por la presunta comisión de un reato, de ser privado de la libertad preventivamente ni mucho menos de responder ante las autoridades por su autoría o participación en un hecho connotado como delito. Pensar de esta forma, tal como lo hizo el jurista Duque Márquez, presupondría que toda persona que le prestó un servicio a la patria tiene un salvoconducto para delinquir o está incurso en una causal de ausencia de responsabilidad – que dicho sea de paso no esta contemplada como tal en la Ley 599 de 2000 – poniéndose en serio riesgo la estabilidad estatal y los principios fundantes del Estado.

Basta con que al senador Uribe Vélez se le respeten sus garantías fundamentales propias de las formas de los juicios criminales y que el actual presidente tenga la gallardía de asumir con responsabilidad la tarea que 10.000.000 de colombianos le encomendaron en las urnas y que debe realizar con el decoro que imprime la investidura que posee, siendo un funcionario ecuánime e imparcial, alejado de apasionamientos absurdos que nada tienen que ver con la realidad actual del país y que lo alejan notablemente de la buena gestión que se espera de una persona joven y que se vendió como un cambio para el país.

Guillermo Martínez Montes 

Abogado especialista en Derecho Procesal Penal