Opinión

¿Es necesario acabar con la JEP?

La pregunta retórica que surge en la dinámica de la política colombiana es: ¿resulta necesario acabar con la JEP?  

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una institución creada con el objetivo claro de juzgar los sucesos de violencia ocurridos durante el conflicto armado teniendo en ello una participación no sólo de las FARC- EP sino que ha permitido reconocer en sus procesos a miembros de la fuerza pública (ex miembros militares que tienen relación con falsos positivos) y, particulares que de manera voluntaria han querido ser partícipes como han intentado acogerse ex líderes paramilitares, ejemplo de ello “Jorge 40”, esto desmiente claramente que solo se trata de generar impunidad a miembros del grupo FARC; por el contrario, tal como reconoce el mismo Procurador General de la Nación Fernando Carrillo “la JEP ha hecho más en tres años que la justicia ordinaria en 50 años”.  

El principal eje de trabajo de la JEP es el descubrimiento de la Verdad, un término que genera enemistades en múltiples esferas del Estado porque de manera indirecta implica reconocer que múltiples personalidades de la vida política han tenido una participación en la guerra y pone los reflectores sobre aquellos que más se han beneficiado con el conflicto. La JEP trata de responder a lo que, por años, los fusiles han silenciado y, es como el conflicto armado en Colombia ha permitido servir de fortín político a muchos dignatarios que se lucran en su discurso sobre la guerra; quienes al eliminarle a este enemigo se quedan sin argumentos, es por ello que la JEP se ha convertido en un blanco para su eliminación. 

¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de saber de fondo cómo funciona la JEP? ¿Falla a favor o en contra de los ex miembros de la FARC? ¿Por qué se afirma que genera impunidad?  

La JEP, contrario al pensamiento común, no concede amnistía a todos los miembros del extinto FARC-EP. Previamente, realiza una evaluación de los hechos que se generaron en el marco del conflicto y reconoce las actuaciones de cada miembro que decide acogerse y, para ello, falla en derecho y en conexidad entre lo sucedió en el marco del conflicto. Es por ello, que más que generar impunidad revisa los derechos vulnerados en la revisión que realiza esta corte y de manera justificada, ordenada y clara establece una ponderación de derechos en donde prima la defensa de las víctimas y su conocimiento del proceso durante las indagaciones y decisiones. ¿Esto ocurre con la ley 975 del 2005, la mal llamada ley de justicia y paz? 

Asimismo, este organismo, de manera pedagógica, ha establecido canales con el fin de que la ciudadanía realice ejercicios educativos para conocer ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo fallan? Se puede inscribir en la página web y, además, seguir de manera directa a través de las redes sociales los casos más relevantes; lo que evidencia un proceso transparente que, con el liderazgo de un pensando del Derecho como el magistrado Eduardo Cifuentes, garantiza la continuidad del excelente trabajo que ha desarrollado la doctora Alexandra Sandoval. 

Ana Rosa Rodríguez