Opinión

Que el polvorín electoral no siga opacando la oscura justicia

Una vista de la cárcel La Picota / Foto: Colprensa

El revuelo causado por el caso del empresario  cesarense, Carlos Mattos, quien se encuentra privado de la libertad en la penitenciaria La Picota de la ciudad de Bogotá, y que puso a sus servicios personales el instituto nacional penitenciario y carcelario (INPEC) –hechos que involucran a sus abogados en una trama de corrupción al interior de esa entidad carcelaria y que fue develada por la unidad investigativa de Caracol noticias–,deja en evidencia graves hechos de tráfico de influencia que ponen en tela de juicio el sistema judicial colombiano.

Luego de la divulgación noticiosa, que captó la atención nacional, el presidente de la república Ivan Duque, destituyó al director del INPEC, general Mario Botero Coy y al director de la cárcel La Picota, el coronel Wilmer Valencia, esa nota periodística tuvo un efecto dominó que develó la situación jurídica de uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de Diego Cadena, quien, gozando del beneficio de casa por cárcel, estuvo de visitas en la república de Panamá, situaciones que nos llevan a preguntarnos cómo funciona el sistema judicial colombiano, que al parecer la aplicación de la norma depende de las influencias y poder económico que ostentan los sujetos procesales.

Mediante este escándalo de corrupción que no deja bien parado al INPEC y al sistema judicial del país, este instituto decidió efectuar algunos traslados de internos, medida que cobijó al ex congresista Eduardo Pulgar, quien se encuentra privado de la libertad en una reclusión militar y quien sería traslado a la cárcel La Picota, pero que por medio de una acción de tutela interpuesta por su conyugue, frenó la decisión del INPEC. Llama la atención la celeridad procesal qué en tiempo récord falló el recurso a favor del ex congresista Pulgar permaneciendo en la instalación militar. Pero en contrastes con estas noticias que nos llegan desde las prisiones del país, con sujetos privados de la libertad de la elite corrupta, que a través de movimientos oscuros ponen al servicio de sus intereses la justicia colombiana; en la región del Catatumbo lamentamos profundamente que el confeso asesino del líder social Jorge Solano Vega allá quedado en libertad por vencimiento de términos.

Cabe resaltar que el antes y después de estas elecciones que se han caracterizado por ser atípicas por el hecho que el congreso de la república tendrá 16 nuevos asientos en la cámara de representantes por la circunscripción especial o de paz, que dentro de sus propuestas legislativas tienen como principio y fin, la defensa de las víctimas se les haya escapado pronunciarse ante un hecho tan grave como es la excarcelación de un asesino de lideres y lideresas sociales.

Jorge Solano Vega reconocido líder social y defensor de los derechos humanos fue asesinado el 03 de noviembre del 2020, por denunciar públicamente hechos de corrupción al interior del hospital de la ciudad de Ocaña, acción criminal que fue rechazado por la embajada de Alemania en Colombia pero que no tuvo ninguna incidencia a la hora de adelantar las investigaciones por parte de la justicia colombiana.

Es tan grave lo que viene ocurriendo en el país, que, al parecer, a nuestra dirigencia el asesinato de lideres y lideresas sociales, comunales y defensoras de los derechos humanos son parte del paisaje natural que caracteriza a la nación andina, y que los órganos de investigación, el ministerio público y jueces no se inmuten ante la negligencia que hace carrera en todas las esferas de poder.

Una vez el llamado a nuestra dirigencia social y comunitaria es de velar para que se dé a conocer ante la opinión pública nacional e internacional la fragilidad del sistema judicial colombiano, que es semejante a una serpiente que pica o castiga al descalzo. Seguido a ello, recordarles a nuestros aspirantes o representantes de las víctimas en el congreso de la república que “el olvido es el peor castigo que condena a la derrota de las luchas sociales y el mayor galardón del poder criminal sin contención que reinara en el trono de la impunidad.

Los derechos de las víctimas no se resarcen con el ofrecimiento de la reparación administrativa o económica, no hay mayor suma de felicidad para la población víctima que un buen ejercicio en la administración de justicia, que obligue a cumplir los compromisos a la verdad, él reconocimiento y la no repetición, pilares de una paz estable y duradera.

Nerio Luis Mejía