Opinión

¿Y si en Colombia el poder radicara en la sociedad y no en los políticos?

Hay interrogantes que nos planteamos todos los días: ¿si en algunas naciones del viejo continente han logrado la separación de los distintos poderes, por qué no hacer el mismo experimento, en nuestro país?

¿Cuál serían los resultados de dicho experimento? No es fácil desmontar una súper estructura que muchas veces toca aspectos místicos. Al creer que todo lo que sucede en el mundo obedece a una interpretación divina, por lo consiguiente, si los gobernantes han sido puestos en el cargo, no sólo obedece a mi libre albedrío a la hora de elegir, si no a la voluntad de Dios.

Esto abriría un debate sin precedente en el país, ya que la dirigencia política jamás aceptaría representar los intereses de los colombianos a cambio de una remuneración salarial de acorde a su función y no acorde a la astronómica inversión que hicieron en sus campañas.

La democracia es una forma de gobierno que, a través de la participación ciudadana en el ejercicio de la política, se impone a la voluntad de las mayorías. En nuestro país, las reglas se establecen con normas, pero a la hora de la verdad, la voluntad de las mayorías se determina de acuerdo al monto de dinero, que se invierte en este proceso. Por eso se habla de clanes y caciques políticos en las distintas regiones del país, dueños de la voluntad de los ciudadanos al constituir un verdadero poder, que dirige la actividad comercial y económica a título personal.

Esta forma de poder nos ha costado mucho a los colombianos. Las decisiones de un grupo de personas que gozan de la investidura gracias a las facultades que se les confieren, tienen una implicación para todos los habitantes de la república; ignorando los mecanismos de la participación ciudadana como son las consultas, referéndums y plebiscitos, los cuales son de suma importancia en asuntos referentes a la paz y litigios de talla internacional como los diferendos limítrofes con nuestros vecinos.

El poder debe residir en las regiones y no sólo en las decisiones que se toman en la fría capital bogotana. El pasado mes de abril, cuando la corte internacional de justicia de La Haya profirió y ratificó sentencia en el litigio con la vecina república de Nicaragua, fueron muchos los juristas de ambas partes en litigios que se sumaban grandes triunfos en materia jurídica, pero, al fin y al cabo, Colombia no logró tumbar el fallo que nos quitó, en el año 2012, 75000 kilómetros cuadrados de mar y Nicaragua no logró adjudicarse más territorio a través de su reclamo de plataforma extendida.

Pero sí hubo un claro perdedor. Fueron los pescadores artesanales raizales de San Andrés y Providencia, que se vieron afectados ya que las zonas donde ellos ejercían las actividades económicas pesqueras, fueron conferidas al estado nicaragüense y el llamado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al estado colombiano es acatar el fallo.

Lo mismo ha venido ocurriendo con los distintos procesos de paz, que se han establecido con los grupos alzados en armas, quedando a la vista el descontento social, por la terquedad de insistir en el desconocimiento social, como parte activa en todas estas formas de problemas que enfrentamos todos los nacionales.

Esta reflexión es producto del trabajo que algunos realizamos al escuchar de primera mano lo que siente el pueblo con representación política, pero sin participación social. Por lo tanto, seguiré insistiendo en el hipotético experimento de restar poder a la política y sumar ese poder a la expresión social. Las venideras generaciones nos felicitarán o nos castigarán por nuestros aciertos o por nuestros errores.

Nerio Luis Mejía