Opinión

Algo anda mal en Colombia

El asesinato de un fiscal antimafia de la república de Paraguay, Marcelo Pecci, en una reconocida playa de la ciudad de Cartagena de Indias, cuando disfrutaba de las que parecerían ser unas tranquilas vacaciones en compañía de su esposa, ha generado gran conmoción tanto en el plano nacional como internacional. Tanto así que ha despertado el interés de equipos de investigaciones de los Estados Unidos, como también de Paraguay que a su vez comparten o cruzan información con las agencias de investigaciones colombianas, con el fin de dar con el paradero y posterior captura de los autores materiales e intelectuales que ocasionaron la muerte del fiscal.

Por otro lado, la denuncia dada a conocer a medios de comunicación por parte del inspector del INPEC, Libardo Jiménez, único procesado por la fuga de Juan Larrisón Castro, alias Matamba, en la cual asegura que este reconocido y sonado narco paramilitar no se fugó de la penitenciaria la Picota de Bogotá, fue desaparecido ya que, de acuerdo con algunas investigaciones, vinculaba a varios altos mandos militares del ejército nacional de Colombia con la banda criminal la cordillera, entre los que figuraban coroneles y generales.

La sombría extradición de quien fuera el máximo cabecilla de la organización criminal denominada Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien había sido cobijado por un fallo del consejo de estado, el cual suspendía de manera temporal su extradición hacia los Estados Unidos, mientras se resolvía de fondo, una acción de tutela interpuesta por organizaciones de víctimas, decisiones que no tuvo en cuenta el ejecutivo en cabeza del presidente  Iván Duque, medida que fue rechazada por las victimas que ha dejado a su paso en su historial criminal de alias Otoniel, en represalia a ello, la organización criminal Clan del golfo declaró 4 días de paro armado en 6 departamentos, afectando las actividades cotidianas en 35 municipios del país.

Mientras todo esto sucedía en nuestra nación cafetera, en el recinto donde se crean las leyes de la república (el congreso), se enfrentaban los senadores en una feroz batalla que iban desde acusaciones criminales hasta ofensas personales. La que más llamo la atención estuvo a cargo del senador caldense Carlos Felipe Mejía, del centro democrático, y Armando Benedetti. Mejía se despachó en contra del Senador Roy Barrera a quien acusa de oportunista y habló en contra del candidato presidencial por el pacto histórico, Gustavo Petro, a quien acusa de tener nexos con criminales y mafiosos. La respuesta no se hizo esperar por parte del senador Benedetti, quien aseguró que Mejía es “el hombre más bruto que tiene el congreso de la república”, acusaciones y ofensas que afectan la dignidad moral y que penosamente escuchamos los colombianos desde el capitolio nacional.

La suspensión temporal del alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, por parte de la procuraduría general de la república, por su supuesta participación en política, estuvo sobre la mesa del agitado debate de los senadores, fallo que ha dado mucho que decir en la opinión pública y que profundiza la polarización del país, ya que muchos reclaman la aplicación de la medida con igual rigor en contra del comandante del ejército nacional Eduardo Zapatero Altamiranda, por su participación en política, o al presidente de la república Iván Duque por la misma conducta.

La parcialización de los órganos de control del Estado con el gobierno de turno no es un buen mensaje que se le envía a Colombia y al mundo, cabe recordar que la separación de poderes en el país debe prevalecer con la fuerza constitucional, como lo demanda la norma y no obedece a decisiones subjetivas por parte del ejecutivo así no las comparta debe acatarlas.

Algo anda mal en Colombia, desde bandas criminales que se reparten territorios en el país imponiendo medidas en contra de la población civil, como la repartición de ofensas calumniosas y fallos que muchos consideran parcializados en el resto de las instituciones del estado.     

Nero Luis Mejía