Opinión

Reincorporación muy lejos de la aceptación social

Con la llegada del nuevo gobierno, se espera que la agenda de paz sea prioridad en un país golpeado por más de 60 años de violencia, que ha generado toda clase situaciones que lastiman la dignidad humana.

Hablar del proceso de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas guerrilla de las Farc, es sinónimo de incumplimiento entre el saliente gobierno de Iván Duque y los excombatientes de esa guerrilla.

La ilusión de muchos colombianos que revivió en el año 2016, las esperanzas de convivir en una sociedad tolerante y con una vocación sobre cultura de paz, se esfumó tan rápido como el ruido de los aviones de combates K-FIR, sobre la ciudad de Cartagena cuando el ex líder insurgente Rodrigo Londoño, (Timochenko) firmaba el acuerdo final.

Los seguimientos que se le viene haciendo a lo firmado nos arrojan unas cifras escalofriantes en materia de violencia, sin mencionar el resto de incumplimientos en los puntos del acuerdo final de paz de La Habana.

Más de 1600 líderes sociales, comunales y defensores de los Derechos Humanos asesinados, más de 320 excombatientes que han perdido la vida en circunstancias violentas, que son materia de investigación, las amenazas en contra de la dirigencia social, comunal y sin mencionar la retoma de las armas por parte de algunos excombatientes que justifican su decisión, argumentando el incumplimiento de lo firmado en la habana.

Nos preocupa escuchar noticias sobre las comunidades rurales y urbanas que han acogido a las personas en proceso de reincorporación, con el propósito de coadyuvar en su tránsito hacia la legalidad. Cuando no son asesinados, otros son capturados y sindicados por reincidir en las mismas conductas que comprometieron abandonar ante el Estado colombiano y el grupo de países garantes y acompañantes de este fallido proceso.

Como sociedad, exigimos al gobierno colombiano y a la población excombatiente el cumplimiento de lo firmado ya que parte del erario público y los recursos provenientes de la cooperación internacional se destinan al pago de renta básica y proyectos productivos. Cuando existen poblaciones en igual o peor nivel de vulnerabilidad, como somos las víctimas del conflicto armado, los jóvenes de los estratos uno, dos y tres, que reciben un ínfimo apoyo económico a través de jóvenes en acción, no les alcanza para lo básico (como es el transporte, muchas veces supeditado a promedios académicos).

El incumplimiento lo escuchamos también en los comparecientes de la JEP, que, luego de rendir sus versiones, reciben unas penas que parecen burlarse de nuestro ordenamiento jurídico. Dada la característica de este tribunal especial, como es la JEP, muchos de estos actores declarantes estatales y no estatales reinciden en sus conductas.

Aquí vale la pena preguntar a las agencias del gobierno responsable del proceso de reincorporación de los excombatientes: ¿qué control existen sobre estos?

Esta pregunta es válida formulársela a los organismos de monitoreo internacional: ¿Cuál es el nivel de conocimiento real acerca de la vida de los actores que se han sometido al cumplimiento de lo acordado?

Es posible que hoy aparezcan en primeras planas noticiosas que, tanto excombatientes como los que también se han acercado a la JEP, si no aparecen asesinados son judicializados por reincidencia.

Qué gran desafío para el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez diseñar un mecanismo de reincorporación real, que permita la adaptación a la vida civil de estas personas que un día utilizaron las armas como justificación de incumplimiento, y que se les pueda cumplir y podamos conjurar el baño de sangre que sigue hiriendo a nuestra sociedad.

Nerio Luis Mejía

luisalbertomejia3@hotmail.com