Opinión

La reformulación del contrato social en Colombia

Un contrato social es un acuerdo realizado en un grupo de ciudadanos, entre sus miembros, dando forma de esa manera a la constitución del Estado, donde la existencia de derechos y deberes crean lo que conocemos como sociedad.

Aceptar mediante este acuerdo una serie de criterios que definirán las actuaciones a las que debo someterme y de las que se me debe el amparo, está definido en una serie de leyes, decretos y ordenanzas que en nuestro país le conocemos como la constitución y la ley.

Ahora, la existencia de los distintos intereses inherentes a nuestra naturaleza humana produce una serie de conflictos, que, mediante el ejercicio del derecho como patrimonio jurídico de la especie, se puede interpretar como la conciliación de los mismos.

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, como nuevos inquilinos en el palacio de Nariño, para muchos significa el inicio de una nueva era, que nos permitirá conocer nuevos caminos para la reformulación social de lo que siempre hemos aprobado.

La diversidad étnica colombiana es una rica mezcla intercultural, con arraigos ancestrales y muchas veces místicos, donde aún aferrados a la existencia de un ser superior, le delegamos nuestras responsabilidades desconociendo incluso el libre albedrio del que nos exhorta el mismo creador.

Esa cultura que no solo nos identifica ante el mundo, como el país de las cosas exóticas, nos recuerda la libertad de las que gozamos como ciudadanos gracias a un estado democrático, social y de derecho, pero que muchas veces justificamos tras el lema de “todo se vale”.

La utilización del poder dentro de las distintas expresiones sociales, tales como política, la economía, la religión, entre otras, nos alejan de la verdadera razón de ser. Una sociedad que avanza a pasos agigantados para entender que los demás son la razón de mi existencia.

La mezquindad como parte del ego, que niega el respeto al derecho ajeno, han moldeado nuestro entorno social, siendo permeado por la cultura de la trampa, esa de la cual hemos venido aceptando y defendiendo como un patrimonio más del “ser colombianos”.

Los escándalos de corrupción que sacuden la nación y la galopante crisis económica y social que produce este flagelo, dan a luz al monstruo violencia, que a diario roba las esperanzas de la gran familia colombiana.

Si con el ministerio de las TIC, fueron 70 mil millones que se perdieron, dejando a los niños campesinos sin conectividad a internet y que a su vez llevó al podio de la corrupción a altos miembros del gobierno Duque, como la ex ministra Karen Abudines, junto al polémico zar de la corrupción Emilio Tapias. Hoy ya no nos sorprende los 500 mil millones del fondo para la paz, que estaban destinados a servicios básicos como acueductos, electrificación y alcantarillado de los municipios más pobres y golpeados por la violencia y las economías ilícitas, como son los municipios con iniciativas PDET; este macro escándalo que involucra a congresistas, alcaldes, particulares y miembros de órganos de control, que pese al resultado de las investigaciones seguirán siendo respetadas personas y llamados “Doctores”, mientras los ciudadanos vulnerables seguiremos siendo víctimas del gran desequilibrio social colombiano y, aun peor, victimas del olvido.

No es Petro ni Márquez, los llamados a cambiar el paradigma de Colombia, somos la suma de la sociedad que debe levantarse y reclamar la reformulación del contrato social colombiano. Ya no es aceptable el viejo modelo que desgasta los grandes valores de la democracia como es la participación, ni hablar de acabar la corrupción sin fórmulas para acabar con la atormentada situación por la que atravesamos.

Nerio Luis Mejía