Opinión

Necesidad y justificación de la reforma agraria integral

La Reforma Agraria Integral es necesaria para el país, porque representa un proyecto político, social y económico trascendente e histórico, al cual el nuevo gobierno se comprometió frente al electorado que lo eligió, y envía un mensaje a la opinión pública de que está decidido a trabajar por el reconocimiento y protección del derecho al acceso a la tierra de los campesinos y las comunidades indígenas y afro, que por décadas han estado excluidas por el Estado. 

Igualmente, es necesaria porque, además de proponer una solución al problema de la tierra, está acompañada de procesos productivos que buscan satisfacer el mínimo vital del campesino y los pueblos étnicos, como también garantizar la seguridad alimentaria y avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

Por último, es necesaria porque, al solucionarse el problema de la tierra y reconocerse los derechos de dichas comunidades, se consolida una paz estable y duradera. 

¿En qué se diferencia la Reforma Agraria Integral de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 902 de 2017?

La Reforma Agraria Integral se diferencia de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 902 de 2017, porque como su nombre lo indica, propone una solución de fondo al problema de la tierra y la producción agrícola, al consagrar la entrega gratuita de predios previamente saneados a los campesinos, el reconocimiento de la propiedad ancestral y colectiva de las comunidades indígenas y pueblos afro, así como el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, dentro de ellos su dignidad, vida, igualdad, trabajo, así como su derecho a la seguridad social, entre otros. 

A diferencia del Decreto 902 de 2017, no solo va dirigida a los territorios golpeados por el conflicto armado, sino a todo el país, enfocándose en los campesinos y comunidades más vulnerables.  

Es una reforma integral, porque además, se acompaña de medidas tendientes a la capacitación del campesino por profesionales, la tecnificación del agro y la construcción de vías terciarias para el transporte de los alimentos, el otorgamiento de créditos a $ 0 interés para proyectos productivos, la entrega de subsidios a los fertilizantes y a los fletes para disminuir los costos de producción y aminorar el precio de los alimentos, para generar rentabilidad al campesino, con el fin de que pueda satisfacer su mínimo vital. 

También se contempla la creación de una Jurisdicción Agraria o Sala Agraria Intercultural, para resolver los conflictos relacionados con la tierra, que comprenda el concepto de tierra que tienen las distintas comunidades, la realización de un censo social para caracterizar a los campesinos según su condición socioeconómica, raza, genero, edad, escolaridad, etc., para saber a quién debe repartírsele tierra o subsidios. 

La reforma se financia con un impuesto a los latifundios improductivos, que no cumplen con la función social de la propiedad, así como recursos del presupuesto general del Estado, donaciones y recursos provenientes de bienes sujetos a extinción de dominio; también busca entregar bienes baldíos y tierras en usufructo a los campesinos para que las cultiven, con la posibilidad de que les sean transferidas. 

En conclusión, esta reforma busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos, solucionar el problema de la tierra a los pequeños y medianos agricultores, priorizando su entrega y titulación a la mujer campesina e indígena y a los agricultores más pobres, aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria e incrementar las exportaciones, convirtiendo a Colombia en una potencia mundial agrícola y consolidando la paz. 

Jhon Flórez Jiménez

Abogado- Magister en Ciencia Política- Investigador en temas agrarios