Opinión

La Paz en Colombia: un derecho vulnerado por la falta de voluntad política

La información desatada por el posible detrimento causado al Estado por los presuntos hechos de corrupción relacionados con el OCAD-PAZ y la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana, representa un hecho sumamente grave, no solo por la corrupción en sí, que aún está por investigarse, sino lo que ello implica: el retraso y afectación al cumplimiento de dichos acuerdos, que representan una norma de obligatoria observancia.

Así las cosas, es un hecho reprochable que funcionarios públicos se hayan prestado para materializar su interés económico personal, en un hecho de corrupción que afecta el compromiso del Estado colombiano a la implementación de dichos acuerdos.

La paz es un derecho de todos los colombianos, y una obligación de Colombia, plasmados en su Constitución y en los acuerdos señalados, por lo cual exigir o recibir coimas por proyectos o contratos destinados a la garantía de este derecho y de los mecanismos adoptados por el Estado para su materialización (tal como lo informan los medios), es una afrenta a nuestro país y a un pueblo digno y perseverante.

El OCAD-PAZ es un organismo del Estado encargado de designar a la entidad pública ejecutora de los proyectos y/o contratos para la implementación de dichos Acuerdos de Paz, y para ejercer la debida interventoría, cuya dirección está a cargo del Ejecutivo.

El escándalo radica, precisamente, en la exigencia y otorgamiento de coimas del 12% del respectivo contrato, para proceder a su adjudicación o asignación, lo cual refleja corrupción administrativa, y también que la paz es tomada como un medio para enriquecerse ilícitamente por algunos funcionarios del Estado, que, según la información de la prensa, pertenecen a la Rama Legislativa, la Contraloría General de la República y funcionarios directivos del mismo OCAD-PAZ, quienes por su acción u omisión, posibilitaron este detrimento, el cual afecta la implementación de estos acuerdos y los recursos destinados a los mismos, causando su ralentización y lesionando la calidad de vida y derechos a quienes van dirigidos los acuerdos: las comunidades, los excombatientes y todos los colombianos que queremos gozar de una paz estable y duradera.

Lo anterior es un reflejo más de que la Paz no fue ni es prioridad del gobierno saliente, que no la implementó debidamente, ni hizo un control exhaustivo a los dineros, proyectos y contratos destinados a la misma.

Si no hay voluntad política, es difícil o imposible implementar la Paz, pues a pesar de que exista un marco jurídico, la sola norma no garantiza el goce de ningún derecho, y por el contrario, su inobservancia o aplicación desviada o indebida, puede llevar a todo lo contrario: corrupción, incumplimiento, retraso en los objetivos trazados por el Estado y continuidad de la violencia que rechazamos los colombianos.

Jhon J. Flórez Jiménez