Opinión

La paz a plumazos

En Colombia, nos estamos acostumbrando a conjurar los distintos problemas que aquejan a la nación con tan solo un plumazo desde los cómodos escritorios en la capital bogotana, entre ellos el conflicto social y armado que se rencaucha a través de la historia.

Eso lo vimos en el fallido acuerdo de paz del 2016 con la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos lo que produjo la aparición de la más exacerbada violencia que haya experimentado el país, el asesinato de lideres sociales, comunales, defensores de derechos humanos, defensores ambientales, excombatientes de las extintas FARC, y las masacres que estuvieron y siguen al orden del día.

La existencia de las distintas expresiones de la violencia se ha hecho sentir, en especial en aquellos lugares más recónditos del país, donde florecen las economías ilícitas, amparadas o justificadas por la ausencia del estado y la falta de oportunidad.

Tras ese panorama desolador, los colombianos decidimos apostar por un cambio de paradigma con la elección presidencial del Dr. Gustavo Petro Urrego, que. en su compromiso de campaña de trabajar por salvar los acuerdos de paz y terminar el interminable conflicto armado colombiano, ha trabajado en una serie de propuestas encaminadas a convertir el país en un “potencia mundial de la vida”.

En medio de reformas y decretos, el gobierno nacional se abre paso en uno de los terrenos más feroces del país, como es la conquista de la paz total. Una paz que no depende de la deposición de las armas y la violencia rural, es una acción que compromete el sentimiento nacional, de cuánto estamos dispuesto a ofrecer y sacrificarnos por ella.

Un conflicto que encarna más al poder económico que el poder político, por parte de los actores armados, y que el gobierno de Gustavo Petro ve cómo galopa el tiempo de su mandato y se detienen los gestos de paz incrementando la violencia.

Son estas las razones que motivaron el gobierno -a través del decreto 2657 de 31 de diciembre de 2022- a celebrar un cese multilateral al fuego con las 5 mayores estructuras armadas del país, y, sin embargo, mediante un comunicado público, una de esas estructuras armadas (el ELN) desmintió haber acordado ese cese al fuego, lo que llevó al gobierno nacional a suspender los efectos jurídicos del decreto 2657. Es decir que se levanta el cese al fuego con la única guerrilla reconocida políticamente en el país.

Este polémico decreto abre el espacio para que todos los colombianos nos preguntemos si el estado colombiano está buscando seriamente la paz o improvisando. El grueso de la sociedad civil no está representada en aquellas organizaciones sociales, que, de una u otra manera, son escogidas por los distintos actores armados para conformar el mecanismo para la veeduría, monitoreo y verificación del cumplimiento del cese al fuego. En el caso de fallar este nuevo intento de paz, ¿quién velará por nuestra seguridad?

¿Cuál será el papel real de las víctimas? ¿Seguiremos siendo desconocidos como ha ocurrido en todos los procesos de paz que han tenido lugar, donde se privilegian los victimarios y nosotros seguimos engrosando las filas en las sedes de la ya fracasada unidad de víctima y el marco jurídico que la constituyó? Entre tanto, los actores violentos posan orondos en el congreso de la república, ostentando sus curules otorgadas a plumazos.

El inicio de los diálogos y el cese multilateral al fuego, como las posibilidades reales de paz, deben brindar participación efectiva de las comunidades y no sólo depender de un plumazo como estamos acostumbrados en este país e ignorando las victimas que son quienes deben estar en el centro del proceso.

Nerio Luis Mejía