Opinión

El desbalance y optimismo del ministro Alfonso Prada

El pasado 31 de enero del 2023, se cumplió un mes del anuncio hecho por el presidente de la república Gustavo Petro, sobre el cese al fuego bilateral con cinco agrupaciones armadas en el país a través del decreto 2657 del 31 de diciembre del año 2022.

Pasado un par de días llegó la negativa de del ELN, quien anunció mediante documento público que ese decreto jamás gozó de su aprobación debido a que el gobierno lo había elaborado de manera unilateral, decisión que llevó al gobierno nacional, a suspender los efectos jurídicos del decreto con la guerrilla del ELN.

Si bien es cierta la voluntad de paz por parte del ejecutivo, sus gestos no son correspondidos por parte de los actores armados que, en los últimos días, se han visto pasearse orondos en poblados exhibiendo su capacidad militar, desafiando toda lógica sobre una medida que desconocemos la sociedad colombiana, como son los mecanismos y protocolos que definan la forma en la que se va a llevar este proceso.

El ministro informa que los homicidios se han reducido en un 50% en comparación con el 2022, los ataques sobre la fuerza pública, las masacres, los decomisos de drogas, en fin, las declaraciones del ministro contrastan con las realidades territoriales.

Solo basta con visitar los territorios donde históricamente hacen presencia los actores armados. En mi rol de columnista y defensor de derechos humanos he venido realizando recorridos por zonas donde predomina la presencia de las estructuras armadas ilegales y donde se afirma la normalización del conflicto, que, a través de iniciativas gubernamentales, permite a los actores pasearse con la tranquilidad de no ser perseguidos por la fuerza pública del estado, porque estas están honrando su palabra de no confrontación con los actores armados al margen de la ley.

Desde pasacalles, retención de personas, grafitis, comunicados a través de redes sociales, masacres como las perpetrada el domingo 29 de enero de 2023 en la ciudad de Barranquilla, donde un ataque sicarial cobró la vida de cuatro personas y dejó varios heridos, la otra tuvo lugar el día 30 de enero en los municipios de Campamento y Angostura, en el departamento de Antioquia. Esto sin contar los múltiples enfrentamientos como los protagonizados entre los mismos actores armados en distintas regiones del país, que siembran el pánico en la población civil, dejando a su paso desplazamientos y amenazas en contra de lideres y lideresas sociales en los territorios.

La creación de normas y decretos para conseguir la paz total desde Bogotá y pactada con los actores armados sin el acompañamiento de una sociedad que, a diario, llora sus muertos, es el desconocimiento arrogante de querer terminar un conflicto crónico como si se tratara de una partida de ajedrez, asumiendo que las victimas solo son cifras y que el desbalance del ministro obedece a la improvisación de llegar a unos acuerdos que, en ultimas, no sabemos si logrará  la paz o el fortalecimiento de toda forma de violencia que terminará como una forma más de gobierno en el país.

La paz debe estar por encima del interés protagónico y mezquino de los gobiernos, la paz debe ser la apuesta y el compromiso de toda la sociedad colombiana, incluyendo los distintos poderes públicos en la búsqueda de la reconciliación mediante la aceptación de los demás, el respeto profundo de las ideas ajenas y un estado firme en la aplicación de la justicia.

Esperamos que en el transcurso de los 180 días fijado a través del decreto 2657 con cuatro de las agrupaciones armadas en el país, podamos recibir un positivo balance por parte del gobierno y no el desbalance actual que genera más dudas que certezas.

Nerio Luis Mejía