Opinión

El ELN y la pena de muerte

En cumplimiento de su promesa de campaña, en aras de lograr la paz total, el gobierno de Gustavo Petro abrió los espacios y las puertas del palacio de Nariño a los guerrilleros del Eln y a las disidencias de las Farc, si bien lo daban a conocer los medios de comunicación, sobre el arribo de la delegación del eln a la ciudad de Bogotá, el pasado 3 de agosto de 2023,  también nos enteramos sobre la visita de alias Andreis Avendaño miembro del estado mayor de las disidencias al mando de Iván Mordisco a la capital del país.

Ya es costumbre o parte del paisaje, mirar a los guerrilleros desplazarse en vehículos y aeronaves de organizaciones que hacen parte a la cooperación internacional, y es cuando uno se pregunta y ¡las victimas qué?

Es una verdadera contradicción, que los victimarios sean escuchados primero para discutir con ellos cómo se debe direccionar el país, que tratamiento se les darán a las víctimas de sus actos atroces, cómo será su participación directa en el escenario político; como ha ocurrido desde el pasado, premiados con amnistías y representación directas en corporaciones públicas, saltándose la constitución en nombre de una desvergonzada paz.

Hoy quienes somos víctimas de los agentes del estado y los grupos armados, nos sentimos olvidados en el gobierno del cambio, solo esperanzados en la preñez del tiempo que para la rebeldía y hagamos sentir nuestras voces, de más de 9 millones de colombianos y colombianas condenados al destierro, seguimos padeciendo y sufriendo en silencio, ante la creación de nuevas leyes que invitan que delinquir si paga.

Ese universo de colombianos desposeídos que deambula por campos y ciudades, no vemos la esperanza, ni en el progresismo ni el tradicionalismo, es de considerar que la guerra es un mal necesario y seguir alimentando a fortines burocráticos o máquinas de producir votos, como la unidad de víctimas, engordar congresistas y generales de la república, y a la vez mostrarnos como adalid de los derechos humanos, repartiendo rentas básicas a excombatientes, e ignorando medio país que muere de hambre esperando la solución que venga de mano del gobierno.

En medio del llamado que hace el Petro, de construir la gran reconciliación nacional, se hace necesario primero escuchar las voces de las víctimas, la aplicación eficaz de la justicia, que conlleven a la deposición de las armas que garantice la desmovilización de los espíritus y un tratamiento en igualdad de condiciones para todos.

Es una verdadera contradicción que, mientras que el presidente Petro firma la resolución que designa a Salvatore Mancuso como gestor de paz, los hombres del clan del golfo herederos del linaje paramilitar, amenacen con librar una guerra en contra de la banda criminal del Tren de Aragua en la capital de nuestro país; o que Andreis Avendaño, miembro del estado mayor central de las disidencias de las farc, se mueva escoltado por hombres del gobierno, cuando departamentos como el Cauca, Nariño, y Norte de Santander, son víctimas de la violencia causada por los hombres de este grupo ilegal. Lo mismo ocurre con el Eln, mientras en vuelos chárter se pasean por varios países de América en nombre de los acercamientos de paz, las comunidades en el Chocó, regiones de Antioquia, Arauca, tienen que padecer las hostilidades de su accionar criminal.

Es hora de dar un giro en la metodología para lograr la paz total, con más de 63 masacres perpetradas en lo que va corrido del año y casi 120 asesinatos en contra de lideres y lideresas sociales, sumado a ello,  las acciones de los grupos armados que jugando a ser  jueces en los territorios  aplican de manera descarada la pena de muerte, como  lo dio a conocer el Eln el pasado 28 de agosto del año en curso, con el asesinato de Joaquín Vergara, en San Vicente de Chucuri, a quien sindican de ser un desertor del grupo ilegal, acciones que no pueden pasar por desapercibidas en un estado social y de derecho.

Nerio Luis Mejía