Patrimonio

Qué es el PEMP y cómo se ejecuta: el caso de Valledupar

Por ser septiembre el mes en el que se celebra el patrimonio a escala nacional, la sigla PEMP toma mayor fuerza entre las personas y entes dedicados a trabajar por la conservación de la riqueza cultural del territorio. Su importancia trasciende esta conmemoración, en él se rigen los lineamientos para el tratamiento de los bienes de interés cultural (BIC); una categoría establecida por la Ley 397 de 1997 para identificar los bienes del patrimonio cultural, sean muebles o inmuebles, que por su valor excepcional requieren de un tratamiento especial.

El Ministerio de Cultura indica que un Plan Especial de Manejo y Protección es el instrumento de planeación y gestión para la protección y conservación de los BIC declarados o que se pretendan declarar como tales, por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. Estos deben determinar las condiciones para la articulación del BIC en su contexto físico y entorno socio-cultural, partiendo del principio de que hay que conservar sus valores, mitigar sus riesgos y aprovechar sus potencialidades.

Este documento que tiene sus raíces en el Conpes 3658 de 2010, así mismo debe establecer las acciones de carácter preventivo y/o correctivo para la conservación del bien de interés cultural, las condiciones para su mantenimiento, los mecanismos para su recuperación y sostenibilidad y en definitiva, las estrategias para propiciar el conocimiento y la apropiación social del BIC por parte de la comunidad.

Mediante la resolución número 0795 del 16 de junio de 2000 el Ministerio de Cultura, estando a la cabeza de Consuelo Inés Araujo Noguera, declaró como bien de interés cultural de carácter nacional el sector fundacional de Valledupar, el cual de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), modificado por el Artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 es bien de interés cultural del ámbito nacional.

Posterior a esta declaratoria, en el 2003 se firmó inicialmente un convenio tripartita entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Cesar y la administración del alcalde Elías Ochoa Daza para diseñar la licitación para la adjudicación de la formulación del Plan Especial de Protección como se llamaba antes de la implementación de la Ley 1185 de 2008 donde se redefine como Plan Especial de Manejo y Protección. Esta misma legislación designa estrictamente su manejo y asignando responsabilidad única a las autoridades territoriales.

Dicha disposición fue lesiva en el caso de Valledupar, puesto que tuvieron que pasar los mandatos municipales de Ciro Pupo Castro, Rubén Carvajal Rivadeneira y Luis Fabián Fernández  para que el proceso se moviera. Nueve años en los cuales los documentos estuvieron engavetados y el proceso de la formulación del plan, quieto.

Debido a la insistencia de la Fundación Amigos del Viejo Valledupar-AVIVA, que desde el año 2003 argumentaba a los alcaldes la importancia de la existencia del convenio como única tabla de salvación para el estado degradante en el que hasta hoy se encuentra el centro histórico de Valledupar, el alcalde Fredy Socarras Reales suscribe en febrero de 2012 un nuevo convenio que deja por fuera a la Gobernación del Cesar y aún tiene vigencia. Con él impulsó la apertura de la licitación para la adjudicación del contrato y finalmente para la formulación definitiva del PEMP.

Con el contrato de consultoría número 2304 de 2012 del Ministerio de Cultura, la ‘Unión Temporal PEMP 2012’ conformada por Nohora Elizabeth Acosta Irreño; quien aparece como su representante legal, el abogado Oscar David Acosta Irreño, la arquitecta Martha Luz Vásquez Corinaldi, socia de la unión temporal y directora del PEMP en Valledupar y Kimberly Camacho Enciso, asistente jurídica y abogada de la firma Acosta Irreño y Asociados SAS, fueron los responsables del estudio que tuvo un valor de 1.056 millones de pesos para la realización de una fase de análisis diagnóstico y el diseño de una propuesta integral.

Pese a la alta cifra, según Aviva, el plan parece tener inconsistencias y fuertes contradicciones; debido a que los dos arquitectos que vinieron en representación de la firma contratada desde Bogotá se apoyaron en unas personas que en realidad no tenían mucho conocimiento sobre el tema. Sumado a ello, aducen que tal como lo indica el documento Conpes 3658 de 2010 en el que se establecen los lineamientos para la recuperación de los centros históricos de Colombia, el PEMP debe contener un plan de divulgación que difunda ampliamente el BIC y genere  una apropiación y la participación de la comunidad.

Ese convenio se firmó básicamente con el objeto de realizar la formulación de un proyecto que apuntara al diseño de las estrategias de conservación del centro histórico dentro de un marco urbanístico pero también dentro del contexto de unas dinámicas que permitan hacer de él un proyecto sostenible y viable; es decir, que no deje de ser el epicentro de la ciudad porque en el caso de Valledupar todavía es muy residencial. En ese caso, debe vislumbrar unas estrategias para que las familias raizales se mantengan ahí.

La formulación del documento del PEMP contempla además la rehabilitación de los espacios del centro histórico de Valledupar, una reapropiación de la forma como son concebidos, una delimitación de zonas con respecto a lo que es todavía residencial, a lo que se puede dejar como áreas de recreación y a las zonas ocupadas como cafés, bares, hostales, hoteles, restaurantes, boutiques, etc.

Cuando en el 2010 se obtiene la declaratoria del centro de Valledupar como BIC, por la prisa tal vez de la ministra de impulsar el desarrollo de su ciudad y de conseguir los recursos para la restauración – como efectivamente se logró- de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, solo quedaron incluidas la plaza Alfonso López y ocho cuadras alrededor de ella como bien de interés cultural, quedando por fuera edificaciones más antiguas que las que están al lado de la plaza. Al no haberse ampliado los limites hasta el Cementerio Central y de no incluirse los callejones y los centros de manzanas como posteriormente se contempló en el Plan Especial de Manejo y Protección, habrían quedado desprotegidos 68 inmuebles de interés de conservación arquitectónica.

Igualmente, el PEMP  detalla qué calles deben ser peatonizadas, ya que por la antigüedad de ciertas edificaciones, lo ideal es que no haya circulación de cierto tipo de vehículos por determinadas calles del centro, que las líneas de energía sean soterradas, la recuperación de los espacios que en estos momentos están siendo algunos subutilizados y en otros casos, lo cual es más grave, se los están robando como está sucediendo con los centros de manzanas, la gente está rodando las tapias y está usurpando unos terrenos que son ejidos municipales y que no prescriben precisamente por su condición de bienes públicos y de uso común. En fin, el PEMP define establece una cantidad de beneficios para el centro histórico.

Entonces, el PEMP deroga todos los acuerdos y legislaciones anteriores relacionadas con el centro histórico, lo que quiere decir que este documento es superior al Plan de Ordenamiento Territorial POT de la ciudad, a los acuerdos del Concejo Municipal y a la normativa vigente para el manejo del centro histórico de Valledupar.

Por otro lado, hay que decir también que a pesar de la negligencia de las administraciones municipales que antecedieron a Socarras Reales, que tampoco fue el más diligente, es positivo que se haya surtido este proceso porque sin el PEMP no habría una hoja de ruta para la salvaguarda del centro histórico. Este documento plantea unas medidas perentorias para que el centro histórico pueda conservar su carácter patrimonial.

Con Valledupar son 44 ciudades en Colombia que tienen centro histórico declarado como bien de interés cultural de ámbito nacional y de esas ciudades, solo 19 cuentan con el Plan Especial de Manejo y Protección aprobado. Ciudades como Santa Marta y Barranquilla lo han ejecutado parcialmente, Cartagena al parecer es la ciudad que lleva la mayor aplicación.

Desde el 27 de noviembre de 2014 se expidió el acto administrativo que da vía libre a la ejecución del PEMP en Valledupar. A partir de ese momento el municipio dispone de once mil 600 millones de pesos que están ahí y que no se pueden disponer para algo distinto a la recuperación del centro histórico. Pero hasta que la alcaldía no cree un ente gestor que posibilite los recursos requeridos para poner en marcha cuanto antes el plan. La gestión de estos recursos se puede hacer a nivel local, regional, nacional e incluso internacional para materializar los proyectos estipulados.

Después de firmado el acto, a los tres meses debió iniciarse el proyecto pero ni con la instauración de tres derechos de peticiones del Ministerio de Cultura a la alcaldía de Valledupar fue posible que Fredy Socarras eligiera el ente gestor. Ahora, nueve meses lleva el gobierno de Augusto Ramírez Uhía y el proceso sigue muy quieto  a pesar de la premura de la creación del ente gestor. En mayo del presente, cuando Virginia Guio, funcionaria del área de Patrimonio del Ministerio de Cultura y supervisora del PEMP Valledupar, estuvo en la ciudad, el alcalde expresó su intención de devolverle el valor al centro histórico.  

A pesar de la parsimonia mostrada por los gobiernos locales, la fundación Aviva continúa su defensa y en un acto de resarcimiento por la exclusión que sufrió la ciudadanía en la formulación del PEMP, organiza con la Fundación Universitaria del Área Andina una presentación sobre el impacto social del Plan Especial de Manejo y Protección sobre el centro histórico de Valledupar. El evento de entrada libre será llevado a cabo el próximo miércoles 21 de septiembre de 2 a 5 de la tarde en el auditorio del alma mater donde se explicará a la población los pormenores del documento.

Es indispensable que las personas acudan y escuchen de voz de los arquitectos Carlos García Aragón y Annie Marshal; sobre las implicaciones, beneficios y demás disposiciones que contempla el plan para caso específico de la capital del departamento del Cesar. Los valduparenses tienen el derecho y el deber de saber en qué será convertido su centro histórico, de su participación y veeduría dependerá si es aprovechado como una “oportunidad de desarrollo” tal como lo contempla el documento Conpes 3658 de 2010, o por lo contrario, si seguirá siendo un foco de inseguridad para propios y visitantes.  

Samny Sarabia

@SamnySarabia