Pensamiento

¿Golpe de Estado en Venezuela?

Juan Guaidó se autoproclama Presidente el 23 de enero de 2019

Mucho se ha hablado estos días sobre la legalidad y la legitimidad de la proclamación de Juan Guaidó, Presidente de Asamblea Nacional venezolana, como Presidente de la República, invocando dos artículos de la Constitución Bolivariana. Resulta cuanto menos paradójico que la citada carta magna, criticada desde sus orígenes por la oposición -tildándola incluso de ilegal, dado que el referéndum para la apertura del proceso constituyente no se ajustaba a derecho según la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política del año 1997 y aún vigente– se utilice como sustento legal para dicha proclamación.

El motivo que se argumenta para este proceder es el carácter dictatorial de, antes Chávez, ahora Maduro. Los partidarios del Gobierno Bolivariano afirman que, tanto uno como otro, han revalidado su mandato en múltiples procesos electorales, lo cual es absolutamente cierto, como lo es igualmente la crisis económica, social y política que sufre el país. Dicha crisis también se ha utilizado como legitimación, al menos moral, para el intento de relevo presidencial.

En las últimas elecciones presidenciales, de mayo 2018, inicialmente previstas para abril, los principales partidos de la oposición decicieron no participar. Por este motivo, la victoria del oficialismo fue aplastante. ¿No sería esta autoproclamación un atajo para acceder a la presidencia sin mediar un proceso electoral?

Como argumento para invalidar dichas elecciones se ha hablado de la escasa participación, al cifrarse únicamente en el 46 % del electorado, frente al 80% de las anteriores. Sin embargo, el auténtico problema es que sobre esos comicios se extienden sombras con respecto a su transparencia. Varios candidatos opositores fueron inhabilitados; no se respetaron los tiempos señalados por la legislación; hubo acusaciones de compra de votos, entre otros problemas, que llevaron a diversos organismos internacionales -como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, entre otros- a  rechazar la convocatoria y no reconocer los resultados, al igual que hicieron los partidos de la oposición y la propia Asamblea Nacional, de mayoría opositora. ¿Sería entonces legítimo el nombramiento de Maduro?

El Gobierno carece de legitimidad, tanto internacional como nacional. A falta de ella, el legítimo depositario del poder, por delegación popular, sería la citada Asamblea Nacional. Pero la legitimidad de este organismo también ha sido puesta en entredicho por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien, en sentencia de marzo del 2017, la considera en desacato y asume sus competencias. Según dicha sentencia, las decisiones de la Asamblea carecerían de validez jurídica, la cual se extendería entonces al nombramiento de su presidente, que por ello carecería de legitimidad para asumir ningún tipo de mandato.

En este maremagnun, el pasado 23 de enero -fecha en la que se conmemora el derrocamiento en 1958 del dictador Marcos Pérez Jiménez, por un movimiento cívico-militar–  Juan Guaidó se autoproclama presidente. Tal vez, y ante la situación que atraviesa el país, dicha actuación se muestre como legítima. ¿Pero, es legal? En este caso, no estaba el ejército detrás y sí varios cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas en las calles de Caracas.

Hablamos de autoproclamación pues la misma no fue precedida de ninguna sesión parlamentaria donde se debatiera y aprobara nombramiento alguno. Este proceder suena bastante a golpe de estado, aunque el contexto donde se produjo tal autonombramiento, parece otorgar al mismo un carácter cívico. Sin embargo, los llamamientos a las fuerzas armadas para apoyar su causa realizados por Guaidó en su alocución del 25 de enero desde la plaza Bolivar de Chacao (Caracas), resta dicho carácter.

De manera simultánea a la mencionada alocución, Nicolás Maduro ofrecía establecer un diálogo con el autodenominado presidente interino de Venezuela: “Hoy mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir. Yo, personalmente, si tengo que ir a encontrarme con este muchacho, voy”. Al poco tiempo Guaidó respondió: “al falso diálogo nadie se presta”; rechazando de esta manera toda oferta de diálogo. Este proceder, esta actitud autoritaria, alegaría el carácter cívico al que nos hemos referido, para acercarlo más, si cabe, al golpe de estado, donde no cabe diálogo ni negociación posible.

¿Cuál sería entonces la solución a la crisis abierta? La misma pasa claramente por la apertura de un proceso democrático y no de confrontación. Tal proceso supondría una negociación profunda entre los diferentes actores, que cristalizaría en la convocatoria de unas elecciones libres y con absolutas garantías, de las que resultara elegido un Presidente con total aval constitucional y unánime reconocimiento internacional. Por aquí se mueve la exigencia del gobierno español y la Unión Europea; sin embargo, el plazo dado al gobierno de Maduro para la convocatoria de elecciones –ocho días a contar desde 26 de enero- nos parece totalmente insuficiente para llevar a cabo un proceso de diálogo que restañe las heridas abiertas en el país caribeño por años de gobierno con tintes dictatoriales, así como esta autoproclamación, con claros  tintes de golpe de estado a la que nos venimos refiriendo.

Antonio Ureña