Pensamiento

El papel sellado y el hacha: una disputa por la tierra de nunca acabar en Colombia

El propósito de este escrito es realizar un balance sobre las políticas agrarias en materia de la tenencia de la tierra en Colombia. Estas políticas han fortalecido la gran propiedad rural y han contribuido a no garantizar el acceso a la tierra a los pequeños y medianos campesinos. A esto también se le ha añadido la violencia sistemática preconizada por el Estado colombiano, los terratenientes y los empresarios agrícolas. Y más recientemente, el narcotráfico. Los campesinos han manifestado su descontento social a partir de los años de 1920, por la falta de claridad de los títulos de propiedad y para defender el título de propiedad terminaron adhiriéndose a organizaciones campesinas, al Partido Liberal y Socialista.

Empezaré tratando la cuestión agraria a través de la disputa por la tierra entre el terrateniente, el empresario agrícola contra el campesino, que el liberal antioqueño, Alejandro López,  llamó de manera metafórica un conflicto entre “el papel sellado y el hacha”[1]. Esta cuestión agraria no es solo el problema de la tierra, es también; la asistencia técnica y tecnológica, el acceso del crédito y el desarrollo de la infraestructura para facilitar la comercialización de los productos campesinos en los mercados.

Por otro lado, las políticas agrarias asumidas por el Estado colombiano frente al conflicto de la tierra han llevado a garantizar la gran propiedad rural y no se han preocupado en resolver la deuda histórica y política que tiene con los campesinos. Aunque ha habido intentos de impulsar una reforma agraria, también es cierto que no se ha alcanzado ese objetivo debido a la falta de voluntades políticas, hecho que revive la gran discusión ¿De quién es la tierra?

Las políticas agrarias del Estado colombiano; una deuda histórica y política con los campesinos

Colombia ha sido un país de guerra endémica permanente[2]. La violencia contra el campesino se ha manifestado en diferentes regiones de Colombia, debido a la falta de acceso y garantía por la tierra. El Estado colombiano ha tenido una inmensa deuda con los campesinos. Él generó una política de adjudicación de baldíos y, si no se trabajaba, “se anulaba en los diez años siguientes. Así, los ocupantes de buena fe de baldíos titulados pero inexplotados tenían derecho a la propiedad. Si el propietario del predio inculto mostraba un título válido, la ley daba al colono el derecho a comprar la tierra o a recibir el valor de las mejoras. Por esto, los colonos estaban tentados a asumir que la tierra sin explotar era pública y a ocuparla y desmontarla”[3]. Sin embargo, el crecimiento de la economía de exportación agrícola de 1850 a 1930, pasando breves bonanzas económicas: el tabaco (1854-77), el algodón (1862-70), el índico (1868-76), la chinchona (1869-82); corteza de la que se extraía la quinina usada en el tratamiento de la malaria, el enclave bananero (1900) y el café (1920), llevó al colono-campesino a la colonización de tierras baldías en las regiones fronterizas[4].

Las tierras baldías no atrajeron solamente a los colonos-campesinos sino también a los empresarios territoriales, más aún, las colonizadas por los colonos. Los empresarios territoriales “compartían ciertas características: todos tenían recursos económicos y conexiones políticas, y todos buscaban aprovecharse de las nuevas oportunidades creadas por el crecimiento de la economía exportadora. A medida que se ampliaban los mercados, tanto el interno como el externo, que mejoraban los transportes y que comenzaban seriamente los movimientos de colonización, tierra en las zonas templadas y calientes se veía cada vez más atrayente.”[5]

La cuestión agraria se desencadena cuando los empresarios territoriales se interesan en las tierras fértiles colonizadas por los colonos-campesinos en zonas de fronteras y, ellos se aseguraban por el título de la propiedad y, luego, los presionaban a los colonos-campesinos para que aceptaran contratos de arrendamientos y, con esa forma generaba la transición de colono a arrendatario y a jornalero. Esta transición se da por el estallido en los años 20 en el que se agudiza el conflicto agrario y se presenta la escasez de la mano de obra en las haciendas debido al traslado a los sectores productivos urbanos y a las incipientes obras públicas de infraestructuras, en aras de conseguir un trabajo más remunerado y de forma gradual, se fueron aumentando los costos de la producción agrícola que en consecuencia elevó los precios de los alimentos en las ciudades.

Para contrarrestar la crisis provocada, el Estado captado por los conservadores, impulsó la colonización dirigida y en parcelar las haciendas que tenían conflictos internos. Todos estos cambios se sintieron por la aceleración de la modernización capitalista y por la ampliación que tuvo el Estado en asumir los asuntos económicos y sociales a raíz de la crisis que le generó la Primera Guerra Mundial (1914-1918). En efecto, el Estado asume una tendencia intervencionista en lo económico, en el que se entiende como aquella: “Normativa encaminada a regular el comportamiento de los agentes económicos (públicos y privados), que se realiza a través de un cuerpo legislativo que prohíbe, o condiciona, o exige determinadas pautas de acción económica. Esta es una intervención indirecta y poco intensa, que no contiene un manejo directo de bienes económicos y de capital por parte del estado. Una intervención directa e intensa que el Estado realiza a través de sus actividades de producción de bienes y servicios, de inversión y financiamiento, etc., que implica el manejo de un capital social reunido y gastado por el Estado, observable en las diversas cuentas que conforman la ejecución del presupuesto de gastos e ingreso del estado”[6].

Esto lleva a crear una política agraria centrada en fomentar la agricultura por su rezago económico y no le apuntaron a resolver el conflicto causado por la tierra, ya que se creía que el asunto obedecía a la falta de desarrollo de la agricultura y la escasez de la mano de obra en las haciendas.

De igual modo, en el gobierno liberal, “basado en la idea de que la tarea central del Estado era promover el progreso económico apoyando a los empresarios, tratando de corregir las desigualdades e injusticias sociales y promoviendo la igualdad mediante la educación, la tributación y el gasto social. Los liberales consideraban injustos el orden tradicional y estaba dispuestos a apoyar a los grupos populares en sus conflictos con los propietarios y empresarios reaccionarios (…)”[7]. Ellos continuaron fortaleciendo la gran propiedad y se le garantiza la producción a la grandes empresas extrajeras como la United Fruit Company[8], puesta en marcha por la administración de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). En el marco de esa administración presidencial Colombia empieza a experimentar una posible transformación en la sociedad colombiana en el que Marcos Palacios señala cuatros aspectos importantes:

El primero se refiere al dinamismo capitalista en el que, “se considera y se sostiene que la economía cafetera fue el motor del crecimiento y contribuyó sustancialmente a la formación de una economía política nacional. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, FNC, monopolizó la representación política y social de “la industria del café, se vinculó sólidamente al Estado y se transformó en agencia de producción de doctrinas, medidas legales y desarrollo de instituciones dedicadas a garantizar la protección cafetera”.

El segundo aspecto, “se refiere a que el Estado alcanzó un nuevo nivel de estructuración en cuanto se vio abocado a resolver el problema de crear y poner a funcionar instituciones de control. Para esto era indispensable: a) desmontar el monopolio de la iglesia en el registro civil (partidas de bautismo, defunción, matrimonio) y en el manejo de la educación pública y los cementerios; b) negociar el asunto de la cédula electoral que los conservadores veían como una trampa, haciendo de ella un caballito de batalla, una peligrosa inflexión a la violencia, y c) expandir la burocracia administrativa y mejorar sus herramientas”.

El tercer aspecto “tiene que ver con la forma como afectó a la clase política (…), las inconformidades y agravios de colonos y arrendatarios en demandas congruentes al Estado, y de inducirlo a elaborar doctrinas agrarias contra el latifundismo y adecuar las instituciones legales para el cambio social.

Por último, el cuarto aspecto consiste en que “los políticos reformistas entendieron que la acción colectiva de distintos campesinos ponía en evidencia las “imperfecciones” del sistema legal de titularidad de la propiedad, de modo que un Estado moderno debía abolir “los vestigios de feudalismo”[9].

Estas transformaciones se comienzan a sentir y acelerarse en la administración presidencial de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) con la “Revolución en Marcha” en la que impulso reformas constitucionales y legales en su gobierno, y una de ella fue la ley 200 de 1936 en la que establece la función social de la propiedad, que en la práctica “fueron pocos los resultados efectivos de ella en cuanto al ejercicio del derecho de propiedad sobre fondos rurales, sobre protección de los campesinos y aparceros, sobre adjudicación de baldíos nacionales y sobre prescripción  extraordinaria de predios incultos e inexplotados”[10].

No obstante, como en el caso de la Legislación Agraria, se aprobaron y sancionaron las leyes que permitieron modernizar el país en materia tributaria, en los sistemas de tarifas y en los recaudos de los tributarios. Con la administración presidencial de Eduardo Santos (1938-1942) en materia agraria se dictaron normas para favorecer el crédito agrícola, así también la ejecución de programas de riego en busca, ambas medidas, de incrementar la explotación del campo y hacer realidad las disposiciones de la Ley de Tierras dictada en el gobierno anterior. También se creó “la Superintendencia Nacional de Importaciones, germen del actual Instituto Colombiano de Comercio Exterior y se buscó el desarrollo industrial mediante el impulso del Instituto de Fomento Industrial”[11].

Al mismo tiempo, la crisis que desencadenó la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en el que cayeron las exportaciones hacia Europa y los Estados Unidos y se limitaron las importaciones de algunos productos necesarios para el país, cuya falta fue preciso suplir mediante el fomento de industrias básicas que los reemplazaran. Es aquí donde el país comienza a tener unos avances importantes en la industria y el crecimiento de la población urbana. No obstante, el conflicto de la tierra no era tan relevante como el desarrollo del campo y, además, el devenir del modelo económico de importación de sustitución de importación, (ISI) que será llevado a cabo por los conservadores.

En la segunda administración de Alfonso López Pumarejo (1942-1945), se viene un retroceso con la Ley de tierra a partir de la Ley 100 de 1944 en la que incrementa el tiempo para revertirla al Estado. Alfonso López, con la sucesión que le dejó el padre Pedro A. López, se convirtió en propietario de unos terrenos en el Carare, en cuyo subsuelo había petróleo en el que debilita su gobierno y adicionalmente, el golpe de Estado promovido por el coronel Diógenes Gil en Pasto el 10 de julio de 1944. Debido a esa circunstancia Darío Echandía asumió el poder como designado y lo ejercería durante todo el tiempo en que el presidente titular, por haber sido apresado, careciera de libertad y condiciones para ejercerlo. Carlos lleras Restrepo termina el mandato de Alfonso López Pumarejo en el 1946.

La otra reforma agraria fue realizada por la administración presidencial Carlos Lleras Restrepo (1966-70), en la que a través de la  Ley 135 de 1961 y la Ley 1 de 1968, creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, (ANUC), y también creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria[12] (INCORA), esto con el fin de modernizar el agro pero no contribuyó a la distribución de la tierra a los campesinos. Además, los “índices de la propiedad rural, según la evolución del índice GINI, éste pasó de 84,18% en 1960 a 85,13 en 1984 y a 91,36 en 1997; esta tendencia en los últimos trece años se explica por la adjudicación de la mayoría de los resguardos indígenas en este periodo; la concentración por narcotráfico y violencia; y como último factor el uso de la tierra como activo de reserva de valor o como instrumento de poder”[13].

En conclusión, el conflicto agrario se prolongó con cada gobierno a pesar de los intentos de contrarrestarlo por la vía el conflicto por la tierra. No obstante, la preocupación ha sido el desarrollo del campo en el que paradójicamente le apuntan sin generar una política crediticia que ayude al campesino a garantizar la producción de la tierra y sobre todo, la garantía de preserva esa tierra.

 

Jhon J. Flórez Jiménez

 

Bibliografía

Alejandro López. Escritos escogidos. Bogotá, Biblioteca Básica Colombiana, 1976.

Bernardo Tovar Zambrano. La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936. Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, 1984.

Gonzalo Sánchez G. Los estudios sobre la violencia, Balance y Perspectivas. En: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (Cord). Pasado y presente de la Violencia en Colombia. Santafé de Bogotá: Fondo Editorial CEREC, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, 1995.

Jorge Orlando Melo. Historia mínima de Colombia. Colombia, Edición Turner y el Colegio de México, 2017. Juan Camilo Restrepo  y Andrés Bernal Morales. La cuestión Agraria, Tierra y posconflicto en Colombia. Bogotá; Penguin Random House Grupo Editorial, 2014.

Katherine Legrand. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1930). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988.

Marco Palacios. ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: FCE. Universidad de los Andes, 2011.

Manuel Arteaga Hernández y Jaime Arteaga Carvajal. Historia Política de Colombia. Santafé de Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1999.