Ocio y sociedad

La Tramacúa: ¿una cárcel de castigo?

A cinco kilómetros de la ciudad de Valledupar, capital del Departamento del Cesar, en el norte de Colombia, se encuentra el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocido popularmente como La Tramacúa, por su gran tamaño. Tiene un cupo de 1.600 presos y ocupa un total de quince hectáreas.

La Tramacúa es una cárcel nueva y moderna. Cuando cerró sus puertas por primera vez, encerrando a un ser humano (en 2002), prometía ser distinta, pues atrás quedarían los tiempos de hacinamiento crítico y maltrato. Según el Gobierno, este centro de reclusión inauguraba una nueva era penitenciaria y el entonces Comandante de la Policía del Cesar, Ciro Hernando Chitivan, no pudo contenerse y afirmó: “Vamos a tener un excelente tratamiento con el recluso, en un centro digno, que tiene las características de un hotel cinco estrellas, sin comparación con las demás cárceles del país”.

Esta nueva cárcel se construyó supuestamente para dar cumplimiento a la sentencia de la Tutela T-153 de abril 1.998 y resolver los problemas del sistema penitenciario pues la Corte consideró que: “Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con su labor de resocialización que se les ha encomendado. Por el contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas de crimen, generadores de ocio, violencia y corrupción.”

Para su ejecución, el Fondo de Infraestructura Carcelaria (FIC) comenzó un nuevo programa de construcción, como se evidencia en el Informe Cuatrienio 1.998–2.002 que afirmó: “…ha venido construyendo espacios seguros que garantizan unas condiciones de vida digna al interior de los centros de reclusión de orden nacional y ha venido desarrollando una infraestructura que permite organizar a la población reclusa según su condición, es decir que se pudieran separar condenados de sindicados, así como diferenciar a la población por edades, sexo y niveles de peligrosidad y, en todos los casos, procurarles su rehabilitación, satisfaciendo sus necesidades básicas para buscar su readaptación social.”

Posteriormente, se daría inicio a un proceso de construcción de once establecimientos más, basados en el modelo Valledupar y que servirían para erradicar problemas como el hacinamiento, pues se esperaba que para el 2002 se necesitaría 24.591 cupos más, y otros como la salud, la salubridad, la resocialización y la seguridad, teniendo en cuenta que la Tramacúa había recibido una certificación del Buró Federal de Prisiones de los EE.UU. (BOP, por sus siglas en Inglés) como la más segura de toda América Latina, unos meses antes de encerrar su primera víctima.

Hasta ahí, la historia oficial, la verdadera historia del sistema penal de Colombia es distinta. Son cárceles cuyas características son los malos tratos, el hacinamiento, las torturas y la sistemática violación de los derechos de los reclusos. De hecho, la cárcel de Valledupar perdió su brillo antes siquiera de recibir el primer preso. Como anotó el diario capitalino El Tiempo “No ha sido inaugurada la nueva cárcel de máxima seguridad de Valledupar y ya se detectaron grietas en su estructura, fallas en el sistema de seguridad, anomalías en las celdas y hasta problemas en los baños.”

Algunas conclusiones del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

La Tramacúa como cárcel no ha funcionado bien ni ha cumplido con la legislación colombiana desde su primer día de operación. Como concepto, está concebida como cárcel de castigo siguiendo el modelo estadounidense, violando los derechos humanos de los presos en su intento de quebrar su espíritu y personalidad.

No cumple con las más mínimas condiciones de salubridad. Tiene un servicio de salud que tampoco cumple con la normativa y obliga a los médicos en la práctica de renunciar a sus puestos o a colaborar en un sistema que viola el juramento hipocrático que tomaron. Desde sus inicios, viola al derecho más básico que tiene todo ser humano: el derecho al agua. Además, no se ejerce ningún control efectivo sobre los guardianes que torturan y maltratan a los presos.

Si bien es cierto la Campaña por el Cierre de la Cárcel de Valledupar ha arrojado algunos cambios favorables al interior de La Tramacúa, como la agilización del trámite de clasificación en fase de mediana seguridad y la asignación de diez docentes para el área de educativas, los problemas más críticos como la falta de agua y el alto número de denuncias por tortura subsisten, por lo que consideramos que la solicitud de cierre sigue siendo una prioridad. Esto sin desconocer que siempre subsistirán cárceles de castigo, mientras se mantenga el actual modelo penitenciario y carcelario.

Más información: El texto publicado en este artículo es un breve extracto del estudio “La tramacúa: 12 años de una cárcel de castigo” realizado por el Comité de Solidaridad con los presos políticos. Puede leer el informe completo en este enlace.