Opinión

El hacinamiento carcelario

“Lo que no es de mi cuenta, ni me enfría ni me calienta” (refrán popular)

La humanidad debutó controlando la conducta del individuo en su entorno, lo que conllevó a establecer mecanismos de protección para mantener a buen recaudo enemigos o infractores del orden social, aislando a prisioneros en sitios agrestes, cuevas o cavernas como las cárceles.

Los conceptos de arresto, detención o purga de la pena en centro carcelario no han evolucionado en la misma medida que el delito y la penalización han avanzado con el Derecho penal, además del desconsiderado incremento de infracciones sociales que ameritan al sistema jurídico decretar el retraimiento del individuo del entorno comunitario.

Actualmente, no es complicado considerar que la esencia del problema carcelario en Colombia parte de la insuficiencia estructural junto con otras variables  mucho más complejas como la crisis social, institucional, económica, familiar, congestión de la justicia, ostensible incremento del delito, todo reflejo de la descomposición social acentuada de manera generalizada.

Las instituciones consideradas como infraestructura física para contener al presunto, al investigado o al condenado se han ido rezagando en condiciones de habitabilidad, espacio, ordenamiento, luz, sistemas de vigilancia, disposición de servicios sanitarios básicos, indispensables como agua y alimentación o el recinto para dormir, que de alguna manera marcan diferencia en el reconocimiento de la dignidad humana.

Por ello, las cárceles dispuestas en el país aportan a la sociedad otro problema del que nacen situaciones confusas y costosas en la temática social, económica, institucional, en comedimiento respetuoso y aplicación de los derechos humanos fundamentales, tanto de quienes pierden jurídicamente su libertad, como de aquellos que por razones de familiaridad, trabajo, seguridad física o subordinado del aparato judicial tienen connivencias relacionadas.

Entre tantos problemas que aporta éste tópico, está el hacinamiento carcelario que conduce a un colapso de las relaciones interhumanas, comportamiento agresivo y deshumanización, acarreando los consabidos conflictos con la salud, violencia, indisciplina, que vulneran la integridad física, mental y autoestima de reclusos y personal adjunto determinado por esa forma cruel  y degradante  de pagar una pena, en el sitio más inseguro y riesgoso para internos y la misma sociedad.

Son varios los estudios, análisis estadísticos, propuestas en el marco jurídico y social que diferentes estamentos han hecho al gobierno y también varios los intentos de reformas, normativas y reglamentaciones en materia penitenciaria, pero aun así, el problema crece junto al aumento del delito, la necesidad de privar la libertad de presuntos o condenados y la parsimoniosa actuación de la justicia para descongestionar procesos.

Es exigible trazar estrategias precisas, instruidas para su aplicación por el poder público, responsable de acciones concretas y perdurables en el tiempo, que den cumplimiento a lo atribuido como resocialización del delincuente y reinserción en la vida comunal del Estado social de derecho. Al fin y al cabo, el problema se replica en la misma sociedad y termina afectando a todos.

En el afán de contribuir con un aporte pragmático, partiendo del conocimiento directo de la problemática, el semillero Dikaion, compuesto por estudiantes del programa de Derecho con asesoría de docentes e investigadores de la Universidad del Área Andina de Valledupar, emprenden la tarea de cuestionar y conceptualizar propuestas que contribuirán muy ciertamente a mitigar el padecimiento social abocado por una situación anormal de la vida en comunidad, focalizada en los establecimientos carcelarios del departamento del Cesar.

Alfonso Suárez Arias

alfonsosuarezarias@gmail.com