Opinión

Alza injustificada de las tarifas de luz eléctrica en el Cesar: un abuso contra el pueblo

Las tarifas de electricidad han subido entre un 40 y un 50% en la región Caribe, según el DANE / Foto: cortesía

El alza injustificada y arbitraria de las tarifas en el Cesar, por parte de la empresa Afinia, se ha convertido en un problema y drama social que viven la mayoría de los cesarenses, por cuenta de los abusos de quienes administran este servicio público necesario para todos.

Dicho incremento ronda el 20% a nivel nacional (entre 40 y 50% en la región Caribe, según el DANE), convertiéndose así en un lastre para la población, máxime para las familias menos favorecidas, que, además, deben afrontar la carestía de la canasta familiar, el desempleo y la falta de oportunidades; por lo tanto, esta alza las impacta fuertemente.

Lo anterior deja de manifiesto que quienes administran este valioso servicio público, lo hacen de manera descontrolada y a su antojo fijan y aumentan las tarifas, sin tener consideración con los ciudadanos, como tampoco los efectos de la pandemia y la crisis económica subsiguientes que estos han tenido que padecer.

Si bien el servicio público de la energía eléctrica se ha descentralizado en los particulares, en virtud de este principio previsto en el artículo 1 y 209 de la Constitución, donde Colombia se concibe como un Estado descentralizado, otorgándose a las empresas privadas la potestad de administrarlo y explotarlo dentro de un marco de libre mercado y competencia, ello no significa que se les haya dado una patente de corso para cometer abusos contra la población y enriquecerse a su costa.

Por el contrario, se ha descentralizado la prestación de este servicio para que sea ejercido con eficiencia, eficacia y responsabilidad, lo cual implica que redunde en beneficio de los ciudadanos, y no en su perjuicio, como se vive en la actualidad, con tarifas agobiantes que no dan un respiro a la ya empobrecida población.

Igualmente, la prestación de dicho servicio está sujeta a la vigilancia y control del Estado, quien no ha perdido dicha potestad, como tampoco la de volverlo a administrar si se requiere, dados los abusos de las empresas que hoy lo detentan.

Por lo cual, es necesario que el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, y demás autoridades competentes, tome cartas en el asunto, con el fin de poner un límite a dichas tarifas y alzas.

En el mismo sentido, se requiere una regulación equitativa de las tarifas, a través de las modificaciones legales que el Congreso de la República deba hacer al efecto, para garantizar el acceso a este servicio indispensable, que debido a las altas tarifas, no pueden pagar muchos ciudadanos, pues, o comen o pagan a las empresas prestan el servicio.

Desde aquí, entonces, clamamos que haya voluntad política y administrativa para que se intervenga a estas administradoras privadas, se controlen las tarifas y se expida una Ley que garantice la prestación del servicio bajo los principios de equidad y justicia, eficiencia, eficacia, responsabilidad, igualdad y economía, previniendo los excesos en las tarifas, garantizando la cobertura y calidad del servicio y sin olvidarse de que es el Estado quien tiene a cargo su prestación, y aunque la descentralice en particulares, deben seguirse cumpliendo los fines y principios del Estado Social de Derecho en beneficio del pueblo.

Jhon Flórez Jiménez

Abogado; Master en Ciencia Política; Columnista y Activista Político