Opinión

La crisis del sistema judicial colombiano

Las recientes amenazas de muerte en contra de miembros de la policía nacional, funcionarios de la fiscalía general de la nación y el gremio de comerciantes en varias ciudades del país, por cuenta de Ober Ricardo Martines Gutiérrez, apodado con el alias del Negro Ober y quien hace parte de una estructura criminal denominada los Rastrojos Costeños, evidencia el nivel de corrupción al interior de las cárceles de Colombia.

Este temido delincuente, que se encuentra recluido en la cárcel de mediana y máxima de seguridad de Girón (Santander), purgando pena que superan los 50 años de prisión, posa tranquilo, luciendo sus joyas en oro, fumando marihuana y degustando un plato de sopa y lanzando amenazas en contra de funcionarios de las instituciones y sociedad en general, por cuenta de la captura de su esposa.

Colombia cuenta con 132 establecimientos carcelarios en 28 departamentos, albergando una población reclusa de más de 190.000 internos. Su vigilancia está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), institución que se ha visto envuelta en los mayores escándalos  de corrupción y crímenes, al interior de las cárceles, el más reciente caso tiene que ver con la fuga del narco paramilitar, Juan Larrison Castro, más conocido en el mundo criminal como Matamba, quien se dio a la huida bajo la complicidad y participación de funcionarios que hacen parte de varias instituciones del estado, que involucra a policías activos, miembros del inpec y funcionarios de la UNP, investigaciones que reposan en los despachos de la fiscalía general de la nación.

La crisis en materia de justicia no corre solo por cuenta del INPEC. Son varias las razones que llevaron al descontento de muchas personas en el país, incluyendo a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, tras la polémica reforma a la Justicia anunciada por el gobierno de Gustavo Petro, en la que permitiría la descongestión carcelaria que se haría con la implementación de la justicia restaurativa, lo cual abriría las puertas de las cárceles a muchas personas detenidas por los llamados delitos menores, que son los más frecuentes en el país.

De cada 10 capturas que se presentan en Colombia, 8 terminan en libertad por la interpretación o desinterés de los jueces de la república. Pero en Colombia no solo son liberados los que incurren en delitos menores, también vemos como peligrosos delincuentes, miembros de grandes estructuras criminales gozan de subrogados penales, como las casas por cárceles, gracias a las artimañas de expertos abogados bajo la complicidad de los funcionarios encargados de impartir justicia.

En Colombia, urge una depuración judicial, no liquidando las instituciones, pero si destituyendo a los funcionarios que incurren en estos deshonrosos actos de corrupción. No es necesario la creación de nuevas leyes, la aplicación de las actuales es suficiente para hacer cumplir la norma. Es falso que, en nuestro país, las cárceles sean centros de resocialización al delincuente, yo las llamaría centros de profesionalización delincuencial. Es hora que el ministerio de Hacienda diseñe una política económica que nos permita bajar el gasto público en las cárceles, junto al ministerio de justicia implementar que cada recluso trabaje por su comida y demás servicio que gozan los presos pagados con los impuestos de la gente trabajadora. No es posible que tenga mayor prelación la comida de un interno, que la de los niños en colegios y guarderías de nuestro país.

Tras los videos amenazantes del negro Ober, en redes sociales, se puede evidenciar que los delincuentes están más tranquilos en las cárceles de Colombia que estando libres.

Mientras algunos cabecillas de organizaciones criminales claman su inclusión a la paz total para así evitar los operativos de la fuerza pública, los traquetos en reclusión amenazan la justicia y a la sociedad en general debido a la crisis de corrupción que golpea a las instituciones.

Nerio Luis Mejía