Periodismo

Entre la eficiencia y las amenazas

El acceso a la información en Colombia hace parte del conjunto de derechos establecido en nuestro texto constitucional, salvo las excepciones que determina la ley, pero la realización de las actividades de recibir y suministrar información noticiosa es un oficio de alto riesgo en nuestro país.

La prensa en Colombia ha sido una de los grandes protagonistas en destapar actos de corrupción en los distintos poderes públicos y privados, al igual que se podría considerar la gran aliada de una sociedad que no pierde sus esperanzas agónicas de luchar en contra de ese flagelo.

Los escándalos más sonados de todas las índoles en nuestro rol como sociedad han sido puestos al descubierto gracias a la valentía de mujeres y hombres que, enamorados de sus artes u oficios, comparten su trabajo investigativo con el grueso de una ciudadanía que desconoce que su derecho a la información goza del amparo constitucional.

La actividad periodística en Colombia es una de las más peligrosas en el mundo, ya que no sólo se enfrenta al poder público privado del país, también se enfrenta al poder de las mafias y de los distintos actores armados estatales y no estales que a diario causan sufrimiento a nuestra sociedad.

Sin lugar a equivocarse, el trabajo realizado por los medios de comunicación de todos los niveles en el país ha sido más eficiente que el rol que deberían jugar los órganos de control e investigación del estado, e incluso la impecable investigación periodística e investigativa en Colombia es más eficiente que los servicios de inteligencia del país.

La muerte de jefes guerrilleros, divulgado por medios de comunicación, mucho antes que lo confirmen las fuentes de inteligencia del estado, es una prueba que este país ejecuta mal sus deberes económicos y políticos, ya que los periodistas sin más armas que decir la verdad, van mucho más allá que los radares y todos aquellos aparatos de uso militar táctico o estratégico, prueba de que se dilapida el presupuesto de los colombianos.

Las labores investigativas de los periodistas que dieron a conocer el desvío de los fondos de la paz, deja en evidencia la negligencia de los órganos de control, como la procuraduría, contraloría y a la vez demuestra la incapacidad de la fiscalía general de la nación, para dar celeridad en las investigaciones, que, de no ser por la información de los medios, no se hubieran inmutado a investigar.

Es por ello que el derecho a la información no es exclusivo de los periodistas, es un patrimonio público de los colombianos, que deben rodear y defender. Como colombiano que hace uso de la información, rechazo las amenazas en contra de los periodistas que divulgaron los escándalos de las coimas o peajes que cobraban a los alcaldes de los municipios PDET, a cambio de aprobar los recursos que les pertenece, provenientes del fondo de paz. Al igual, las amenazas temerarias mediante video que circulan en redes sociales por parte del actor armado denominado “Segunda Marquetalia”, que tilda de “mercenarios de la información” a medios de comunicación de circulación nacional, como también exigir a la fuerza pública de nuestro país el respeto y el acatamiento a lo dispuesto en la constitución y la ley de garantizar el ejercicio de la actividad periodística de todas aquellas personas que, haciendo uso de sus facultades legales y bajo el amparo nacional e internacional, expresan sus opiniones como sujetos libres en un estado social y de derecho.

Ante todo ello, el trabajo de la información en Colombia arroja un panorama sombrío para quienes ejercen esta labor, que más que una profesión es un acto de altruismo para garantizar la estabilidad democrática de los colombianos.

Nerio Luis Mejía

@NerioMejia24