Ocio y sociedad

El Niágara en bicicleta: la ciudad de Valledupar frente al virus

 

En la canción “El Niágara en bicicleta”, de Juan Luis Guerra, suena con ritmo y melodía la dolorosa y cruenta impotencia de Macondo. Es también un vivo retrato de cómo se encuentran los hospitales de Valledupar que, desde mucho tiempo antes de la pandemia, fueron lugares inhóspitos para quienes quieren diagnosticarse o recuperarse de una enfermedad.

Para nadie es noticia la extrema precariedad del sistema sanitario en esta ciudad y en gran parte de la costa Caribe de Colombia. Por eso, la conmoción fue enorme al ver cómo el virus se instalaba en la sala de espera con el miedo agarrado a su mano. De hecho, la periodista María Lacouture supo retratar ese pavor con un tweet que siguió resonando durante un tiempo después de haberlo escrito: “Si llega el Coronavirus a Colombia, nos extinguirá”.

A lo largo de un encierro interminable de más de seis meses, la ciudad fue viviendo su vía crucis. Al principio con una cuarentena obligatoria y, luego, “inteligente” en la que se apelaba a la responsabilidad de cada ciudadano. Y, sin embargo, el descontrol y la irresponsabilidad campaba en muchos hospitales.

Entre abril y mayo, es decir en las primeras semanas del aislamiento preventivo, el hospital Eduardo Arredondo Daza escenificaba la tensión que existía dentro del sector. La suspensión masiva de contratos del personal médico[i] –cuando más se necesitaba– encendía todas las alarmas y arrojaba la luz nuevamente sobre la alta politización de las entidades sanitarias. Entre las quejas de los más de 50 personas afectadas, sobresalían las periódicas “masacres laborales” con el fin de despedir a trabajadores de la administración anterior, pero, por encima de todo, una deuda acumulada de más de 10 salarios para gran parte de los trabajadores. Más de diez meses sin cobrar. Diez meses malviviendo en casa además de malvivir en el trabajo (con todo lo que conlleva a nivel de desmotivación, ansiedad, agotamiento y mal servicio en las sedes hospitalarias).  

Pero esto sólo fue un abrebocas. En las siguientes semanas, el clima del sector sanitario estuvo a la altura del abandono que ha padecido durante años la ciudad de Valledupar. En el Hospital Pumarejo, un grupo de trabajadores sanitarios mostraron su inconformidad con la forma en que se trataba los exámenes de Covid-19 que se les había realizado[ii] y explicaban que llevaban 10 días esperando los resultados sin saber si eran positivos o no. Las denuncias ponen en evidencia un sistema extremadamente dependiente de una Secretaría de Salud Municipal saturada en el terreno y desconectada de las EPS.

En el mismo centro hospitalario, estalló otro gran conflicto laboral que tuvo su punto más álgido en las huelgas que iniciaron el 30 de abril del 2020[iii]. Cerca de 600 trabajadores del área asistencial se pusieron de acuerdo para detener su actividad y reclamar más de 10 salarios pendientes. El desastre sanitario era ahora más palpable: no sólo una institución era objeto de impagos, sino dos, y esto hablaba de la extrema inconformidad en un sector marcado por una peligrosa desinversión.

La huelga de los trabajadores del Hospital Pumarejo de López fue extendiéndose de manera discontinuada a lo largo de la pandemia, entre la indiferencia y el asombro. Entre forcejeos y resignaciones. En ese contexto, el presidente del departamento ginecológico de la entidad, Julio Julio Peralta, confirmaba el 21 de julio del 2020[iv] que se le debía 11 meses de sueldo a los especialistas, y que el problema era fruto de un sistema indolente y macabro. “Los deudores del hospital se niegan a pagar, donde el principal moroso es la Secretaría de Salud Departamental con más de $40 mil millones de pesos, las EPS tampoco le pagan y el gobierno no les gira recursos por concepto de atención a extranjeros. Parece que existiera una estrategia macabra para quebrar al hospital”, explicó en El Pilón.

Antes de este último conflicto, el hospital Pumarejo de López ya podía considerarse un hospital fantasma. Un hospital que, poco a poco, fue perdiendo los pacientes del régimen subsidiado (transferidos a la red privada). Por eso la batalla laboral ha sido tan agónica y dolorosa, llegando incluso a ser noticia nacional[v]. La pandemia acabó con todas las ilusiones y todos los resquicios para la lucha diaria. Los especialistas y el personal médico, que antes lograban mantenerse con consultas privadas (o alternas), vieron su actividad restringida y, por lo tanto, su situación económica empeorar más de lo que ya estaba.

Mientras tanto, la ciudad no dejó nunca de estar en alerta roja. En realidad, Valledupar es una enorme alarma roja hospitalaria en el mapa nacional, un agujero negro sanitario, por eso cualquier ciudadano que pueda permitírselo viaja a Bogotá o Barranquilla para hacerse un examen de salud o una operación. Esto quedó confirmado el 4 de mayo del 2020, cuando gerentes de 14 clínicas de Valledupar dirigieron una carta[vi] a la Secretaría de Salud del Cesar con copia a la presidencia de la república en la que anunciaban que no recibirían pacientes con covid-19 ante la falta de pagos de las millonarias deudas acumuladas por las EPS (activas, en vigilancia y en liquidación). Éste era un claro mensaje de que el sistema no funciona y, mucho menos, en tiempos en los que se requiere reactividad y solidaridad. A final de cuentas, las clínicas involucradas en esta carta mantuvieron sus servicios: su acto fue otro grito desesperado para empujar un forcejeo sin futuro.

La llegada de pacientes de otras ciudades –cuando todavía la ciudad no había llegado al pico de la pandemia–, avivó ciertas protestas de ciudadanos inquietos por una posible saturación en los hospitales. Desde el inicio de la cuarentena, el número de camas fue una preocupación, pero esta inquietud se cristalizó el 20 de agosto del 2020 cuando se decretó oficialmente la alerta roja por ocupación de camas[vii]. En aquel momento se registraba ya 70% de ocupación, y al mismo tiempo se confirmaban 450 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. La ciudad estaba ante el abismo, sobre todo si se considera que dos semanas antes circulaba la noticia de que ciertos medicamentos claves en el tratamiento de la enfermedad empezaban a escasear[viii].

Los problemas nunca llegan solos. Valledupar era testigo de que su sistema sanitario “barría sobre un terreno arenoso y convulso”, y que, en esta situación, cualquier desatención, cualquier negligencia u omisión podía representar una verdadera bomba de tiempo. Por eso, ante una paulatina reapertura económica del país (que se abría a un concepto de cuarentena inteligente), el Colegio Médico del Cesar solicitó a las autoridades en septiembre que se extendiera la cuarentena obligatoria[ix] en Valledupar. Según este gremio, el pico de la pandemia todavía estaba lejos y, aunque había aumentado el número de camas UCI, el personal sanitario estaba especialmente afectado (con más de 200 contagios confirmados) y la ciudad figuraba entre las cinco más importantes en cifras de contagios diarios (más de 500 nuevos casos diarios en aquel entonces).

Una particularidad de Valledupar fue su pico interminable. La ciudad entró desde mediados de marzo en una cuarentena estricta y, aunque fue agilizándose poco a poco el encierro, tuvo que esperar hasta mediados de octubre del 2020 para iniciar el levantamiento masivo de las restricciones a la movilidad y la actividad económica. Después del fin de semana de Halloween en el que se decretó la ley seca y prohibición de aforos, el primero de noviembre marcaba oficialmente el fin del “pico y cédula”[x]: un sistema de circulación tan novedoso y ambiguo como la misma cuarentena. Ya en ese momento, Valledupar estaba acostumbrada a vivir entre prohibiciones y levantamientos apresurados de restricciones, confundida por medidas inconsistentes de la administración municipal. El mejor ejemplo reside en el cierre del balneario Hurtado a finales de octubre[xi], después de que su apertura causara aglomeraciones preocupantes.

Si Valledupar se salvó de un desastre comparable al de Guayaquil en Ecuador[xii], no es por su sistema de salud. Después de superar la plaga del insomnio, de la guerra y de la amnesia, Macondo debía salvarse del coronavirus para sacar -talvez- alguna lección de cara el futuro. Y quizás la más importante de todas es que las sociedades que progresan son las que invierten en bienestar –en educación y salud– y Valledupar tiene todavía muchas cuentas pendientes en ese campo. El camino está marcado e ignorarlo es caminar hacia el abismo: Valledupar (y por espejismo, Latinoamérica) debe reforzar sus sistemas de salud[xiii].    

La economía en alerta roja: la otra cara del temblor

Si la pandemia puso a prueba la capacidad sanitaria de Valledupar, también lo hizo con su tejido empresarial. La imposibilidad de reunirse y abrir los negocios, y luego el miedo generalizado, pusieron de rodillas a una economía que apenas se levantaba de la burbuja del 2015, cuando el sector de la construcción se vio severamente afectado.

El resultado es una ciudad con altísimos niveles de desempleo, una informalidad galopante y un tejido empresarial cada vez más arrinconado por la falta de horizontes. El exalcalde Fredys Socarras exponía la gravedad del caso el 9 de octubre en un tweet ilustrador: “El desempleo en 2014 estuvo en 8,8 antes del covid-19, luego en 17 y ahora está cerca de 30. Si antes de la pandemia teníamos 38.000 desempleados, ahora están en 70.000. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) recomienda aumentar recaudos y reorientar gasto. ¡Esto cambió!”.  

Aunque llamativas, la fiabilidad de estas cifras siempre queda en entredicho. El desempleo es, en realidad, mucho mayor de lo que se puede entrever ya que todos aquellos trabajadores precarios e inmigrantes que dedican horas a vender productos en la calle o en los semáforos pueden ser considerados como empleados (si es que llegan a entrar en las estadísticas)[xiv]. La precariedad es enorme y no se ve reflejada correctamente en las gráficas.

En Valledupar, los indicadores de pobreza han vuelto a parpadear con insistencia. En 2019, el DANE confirmaba que el 40% de la población vallenata vivía en condiciones de pobreza económica[xv] y que la capital del Cesar era la cuarta ciudad con mayor aumento de la pobreza extrema (de 7.4% en 2018 a 9.4% en 2019), pero la crisis sanitaria ha agudizado la tendencia negativa. Las cifras ya no reflejan nada. El terremoto hace que todos estos datos caduquen y que la situación real empeore.

El panorama económico expone una ciudad que teme por cada una de sus inversiones públicas y por cada uno de sus empresarios. Valledupar todavía está lejos del ejemplo de Detroit[xvi], la gran ciudad fantasma de Estados Unidos, golpeada por una bancarrota dantesca, y, sin embargo, la capital del departamento del Cesar se encuentra en un momento crítico innegable que requiere la mayor atención y las mejores intenciones.

Negocios como el café Plaza Mayor en la emblemática plaza Alfonso López (uno de los pocos en ofrecer un espacio atractivo para los turistas en pleno centro histórico), el Burger King de la novena (símbolo de la entrada a una etapa de modernidad en 2013), la tienda de juguetes Pepe Ganga, el primer cine ubicado en un centro comercial de gran acogida (Cinemark), y un sinfín de restaurantes y locales han bajado la persiana. Muchas de las franquicias nacionales e internacionales han perdido el interés que habían mostrado una década antes, y los centros comerciales, asolados por el estancamiento del poder adquisitivo –y de por sí, muy limitados por el nivel de pobreza–, se han convertido en desiertos humanos. La crisis sanitaria ha secado toda esperanza de una rentabilidad a corto plazo.

El problema no sólo es de coyuntura, también es sistémico. A pesar de la bella imagen que transmite por sus compositores, sus acordeonistas, el río Guatapurí y el festival que la transforma en un escenario de fiestas durante poco más de una semana al año, Valledupar adolece de una falta de modelo económico que genere empleo y prosperidad a largo plazo. Su dependencia del sector minero –que ha empezado a encogerse– y la poca atracción que suscita para empresas del sector industrial, la ponen en una situación de máxima delicadeza. La ciudad, que lleva años atrapada entre el realismo mágico y el realismo trágico[xvii], trata de encontrar un camino que le dé una proyección nacional e internacional, pero se pierde ante el esfuerzo abismal que supone esta nueva transformación. El turismo, hace poco considerado como una salvación absoluta –y que, de hecho, llevó el alcalde Tuto Uhía a darle a Valledupar el rango de “ciudad naranja”, aunque con numerosas contradicciones[xviii]–, ya no es fuente de prosperidad en tiempos de pandemia. La actualidad demuestra que los países más castigados por el coronavirus son, justamente, aquellos que dependen en gran parte del turismo (como es el caso de México y España)[xix].

Se imponen, pues, tiempos en los que debe primar la sensatez. No existen los milagros. En este caso, el “pelito sanador”, que la influencer Paola Aristizábal encontró en la Biblia[xx] y presentó como la cura del coronavirus (y por extensión de la economía), no aplica. Para salir de la UCI, y evitar de ser “entubada” por serios problemas respiratorios, Valledupar debe reordenar sus prioridades, ayudar a los más afectados por la crisis antes de que la fractura social se amplifique, impulsar masivamente el empleo con programas sostenidos por las administraciones públicas, adaptar el nuevo modelo económico a los nuevos tiempos, pero, sobre todo, brillar en transparencia y eficiencia. A la ciudad creativa sólo le queda una vía para reinventarse: ser una ciudad inteligente donde la creación de empleo vaya de la mano con la conservación del medio ambiente. 

 

Johari Gautier Carmona

@JohariGautier