“Buen ciudadano, quien no tolera en su patria un poder que proyecte hacerse superior a las leyes”

Es muy arriesgado y difícil pretender contextualizar la estructura social del momento y lanzar teorías subrayando  cambios conductuales presentes, como efectos de la normal y dinámica evolución que sociedades del mundo y particularmente la nuestra, ha implicado como consideración  a la transformación, desde rígidos esquemas feudales  a Estados o asociaciones organizadas bajo diseños jurídicos en su más amplia interpretación social y de derecho.

Cualquier teoría será audaz y temeraria, pero lo único cierto es que la sociedad colombiana está experimentado un transformación conductual sin precedentes desde su propio fundamento, la familia, de tal manera que el concepto de ética y moral que se manejaba para dar vida a esa entidad en su forma de actuar ha sido relevado por lo que hasta hace unos años no más, se le consideraba como ignominiosos antivalores.

Sumado a esa inclinación de variar el concepto de familia, para hacerlo diferente o cómplice de otros apretujamientos de individuos que quieren emular ser célula de la sociedad, aparece el desafortunado proceder y conducta de quienes por la calidad del encargo público eran para el ciudadano el referente de la rectitud moral y de integridad: los magistrados, aquellos impertérritos ciudadanos elegidos para proteger el sistema jurídico total.

Y aunque se quiera justificar que no son todos los elegidos para tales encargos quienes han tomado como eje de su proyecto de vida la cultura de la corrupción, si lo es de manera generalizada las consecuencias sociales de procederes como tales, que traen contaminación, complacencia y aquiescencia  paridas por el mismo elegido para ser cabeza de la sociedad y derrotero a seguir.

Si se corrompen aquellos dignatarios del pueblo en las altas Cortes de la justicia, quienes son la sal que da lustre y vida al sistema legislativo, judicial o burócrata para edificar continuadamente una comunidad dentro de los parámetros de probidad y respeto social, ¿Quién entonces salará benéficamente a ésta comunidad?, ¿con que la salaremos?. Solo queda echar fuera y hollar al componente corrupto. La renuncia o apartamiento del cargo.

Y esto se consigue cuando el mismo grupo social se inmiscuya en el desarrollo político del Estado y  no se desentienda de su funcionamiento, cuando advierta activamente en la toma de decisiones democráticas reflejadas en la participación cuidadosa, prudente y razonada, eligiendo personajes públicos que destaquen su integridad y no a los peores políticos surgidos del oficioso letargo social.

Se ha dicho pletóricamente que cada pueblo elige a los gobernantes que se merece y  se hace cómplice de los desafueros de aquellos administradores que se hacen legitimar en la función pública, porque el gran concurso de ciudadanos no ejerce el derecho y participación constitucional prevista, con ello favorecen el mal gobierno y renuncian a la posibilidad de reclamar y exigir derechos ciudadanos contemplados por su ejercicio como tal.

El éxito del propio proyecto de vida depende entonces de esa participación activa en comicios o contiendas electorales, que resulte expulsando de la actividad a los políticos facinerosos y corruptos capaces de contaminar  y producir variaciones en la conducta social enmarcada en los valores de la honestidad y el juicio.

No se puede establecer ahora que la mermelada sea el ingrediente que contrarresta la corrupción de la sal, porque si es así, entonces mi estimado amigo gobiernista saboréela, hártese y nos deja un poco a los demás, aunque estamos seguros que no alcanzará para tantos.

 

Alfonso Suárez Arias

@SuarezAlfonso

Aguijón social
Alfonso Suárez Arias

Alfonso Suárez Arias (Charalá, 1956). Abogado en formación (Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar). Suscrito a la investigación y análisis de problemas sociológicos y jurídicos. Sus escritos pretenden generar crítica y análisis en el lector sobre temas muy habituales relacionados con la dinámica social, el entendimiento del Derecho y la participación del individuo en la Política como condicionamiento para el desarrollo integral.

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