Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.

Sobreponiéndose a la evidencia cierta, que su alumna de 8 nivel de escolaridad, obraba como prolija vendedora de estupefacientes en la institución, donde ejerce como rector, concurrió diligentemente al manual de convivencia para citar a los padres con el fin de comunicar tal develamiento e imputación a su hija, que afecta gravemente al entorno escolar.

El padre se hizo presente, y escuchó la queja del rector, a quien en forma tajante le respondió sin atisbo de apocamiento, “¿Que quiere usted que haga?, si, ese es mi oficio en la calle, vivimos de eso y si ella no puede hacer unas venticas en este colegio, entonces me la llevo para otro, ¡no faltaba más!”.

Ésta no es ni historieta ni fábula recreada para ilustrar alguna hipotética situación vivencial, es una realidad sucedida en una población de las que rodean la veta del carbón, explotado por multinacionales, en las vecindades de La Jagua de Ibirico, Curumaní, Becerril, Chiriguaná y su epicentro operacional en el corregimiento La Loma del municipio de El Paso, en el departamento del Cesar.

Pero, no son las empresas mineras culpables del resultado, que seduce con el reflejo de una patético escenario adornado anticulturalmente con lo peor del estilo de comunidades de otras regiones, y que han migrado a estas tierras, tal vez  huyendo a otro ambiente cambiante de su origen, y que por su fachosa inclusión, logran influenciar en la vida de jóvenes y demás nativos, alardeando que ese es el camino civilizado, que al fin ha conectado con estos condicionados ambientes pueblerinos, aun con costumbres, tradiciones y respeto a ciertos valores morales.

Lo delicado de esto, es que no se trata de un evento casual y aislado -no-,ni mucho menos exclusivo de una región, es la confesión del encajamiento de antivalores en estas comunidades embrionarias, que ahora lideran desgracias sociales como prostitución infantil, delincuencia juvenil, drogadicción  y toda clase de actuaciones en contravía del concepto de buenas personas y ciudadano responsable.

La educación personal proviene desde la mínima formación que se obtiene en esa trilogía hogar-escuela –estado. Los niños de hoy copiarán el formato tolerante de sus padres, para fortalecerlo escolarmente con el intercambio entre conocimientos, disciplina e interacción social, y adentrarse en la urbanidad cívica y participación responsable en política y en el desarrollo activo del país, apenas se llegue a la madurez.

Preocupa que el Estado, ofrezca su política paternalista, clientelista y facilista, para cazar adeptos a los políticos y gobernantes de turno, mediante el asistencialismo con bienes y servicios, y el recién institucionalizado acto de corrupción, que conlleva obsequiar viviendas a cambio de compromisos electoreros, en vez de dedicar esos recursos a mejorar y promocionar la educación fortaleciendo el sistema con maestros y docentes mejor capacitados y remunerados y programas blindados contra rebuscadores de lucro a expensas de la ignorancia del pueblo, que a futuro podrían afianzar con más  indolencia e indiferencia, abusivos regímenes, configurados bajo la egida de la mentira, el cinismo y la corrupción.

Por ello, bueno sería, si los actuales alcaldes y dirigentes regionales, salieran al paso y cerraran con programas locales de reeducación social y terapia para mejores técnicas de convivencia, la inclusión de esos antivalores enclavados por extraños o migrantes, en su afán contaminar la vida social, para hacerse a lo que en su génesis nunca tendrían por su oscura esencia, pero aquí les brota como filón a cielo abierto.

 

Alfonso Suárez Arias

@SuarezAlfonso 

 

Aguijón social
Alfonso Suárez Arias

Alfonso Suárez Arias (Charalá, 1956). Abogado en formación (Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar). Suscrito a la investigación y análisis de problemas sociológicos y jurídicos. Sus escritos pretenden generar crítica y análisis en el lector sobre temas muy habituales relacionados con la dinámica social, el entendimiento del Derecho y la participación del individuo en la Política como condicionamiento para el desarrollo integral.

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